El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo una férrea defensa del ex mandatario y jefe de su partido, Álvaro Uribe, cuya captura fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso por manipulación de testigos contra un opositor.
«Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia», dijo Duque en un mensaje público transmitido en redes sociales.
El ex mandatario y también senador anunció en Twitter la decisión que tomó el alto tribunal en su contra en el marco de las deliberaciones del caso.
Como parlamentario, Uribe no tiene fueros pero sí el privilegio de sólo poder ser investigado por la Corte Suprema.
Aunque el tribunal no se ha pronunciado aún sobre esta inédita determinación contra un ex gobernante en Colombia, los medios locales dijeron al unísono que Uribe cumplirá arresto domiciliario preventivo y no deberá ir a una cárcel.
«Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia», comentó Duque.
Uribe, quien había sido interrogado por los magistrados en octubre pasado, terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en contra suya apoyado en testimonios falsos.
Pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el ex mandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
Uribe trató de enlodar a Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- con la acusación de que había contactado a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales.
Este martes la Corte Suprema ordenó la detención de Uribe mientras más adelante resuelve si lo llama a juicio en su calidad de legislador.
El ex mandatario de 68 años, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular tras su política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas, podría responder por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con un promedio de ocho años de cárcel.
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