El juicio en apelación sobre quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, tiene el poder de decidir el destino de 30 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra quedó este jueves 24 de septiembre visto para sentencia en un tribunal de Londres.
«Anunciaremos una decisión tan pronto como nos sea posible», se limitó a decir el presidente del tribunal al término de tres días de vistas centradas en cuestiones técnicas de interpretación de la ley, sin testigos ni expertos.
Al término de un juicio de tres días, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips se comprometieron a acelerar el proceso y su dictamen se espera «pronto», indicaron a EFE fuentes legales.
En la última sesión, los jueces Lewison, Males y Phillips de la Corte de Apelaciones de Londres escucharon al abogado de la oposición venezolana defender que, puesto que el Reino Unido ha reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, no tiene jurisdicción para cuestionar los nombramientos por él realizados.
«El nombramiento de altos cargos (…) es un acto oficial en el ejercicio de la autoridad soberana» y «si existe o no una base constitucional adecuada para llevar a cabo dichos actos no es un asunto para ser investigado por un tribunal inglés», defendió Andrew Fulton.
Tras autoproclamarse presidente encargado y haber sido reconocido como tal por medio centenar de países, Guaidó nombró en julio de 2019 a su propia dirección paralela del Banco Central de Venezuela.
Estos nombramientos fueron inmediatamente invalidados por el Tribunal Supremo venezolano, leal a Maduro. Pero eso no le impidió dirigirse al Banco de Inglaterra afirmando ser el representante legítimo del país y pedirle que no entregase al gobierno los lingotes, valorados en más de 1.000 millones de dólares, que custodia en sus cámaras acorazadas.
El abogado del gobierno bolivariano, Nick Vineall, intentó convencer a los jueces de que sí «tienen, sin ninguna duda, jurisdicción porque deben responder a la pregunta hecha por el Banco de Inglaterra, que es ¿a quién le doy el oro?'».
Y recordó que los nombramientos hechos por Guaidó no adquirieron fuerza legal al no ser publicados en la gaceta oficial del Estado venezolano, bajo el control de la administración Maduro.
Pero Fulton le acusó de «introducir complejidad donde no la hay», asegurando que «este es un caso muy sencillo» basado en el reconocimiento formal de Guaidó por Londres.
Un juez de primera instancia así lo consideró en julio, impidiendo que la administración de Maduro pudiese acceder al oro, como viene intentando hacer sin éxito desde hace dos años.
Argumentando que existe en el país «una emergencia humanitaria», Caracas asegura ahora que necesita los fondos para combatir la pandemia de coronavirus. Por su parte, la oposición afirma temer que el dinero sirva para reprimir a la población o llenar los bolsillos de un régimen que califica de «cleptócrata».
El Tribunal de Apelaciones de Londres decidirá en breve si la Administración del presidente Nicolás Maduro o la «ad hoc» de Juan Guaidó tienen autoridad sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra (BoE), tras escuchar este jueves los últimos alegatos de las partes en disputa.
Para determinar qué junta del BCV es la válida, los jueces ingleses deben establecer cuál de las dos Administraciones, la de Maduro o la paralela de Guaidó, reconoce oficialmente el Gobierno del Reino Unido como autoridad legítima en Venezuela.
Por parte de la junta de Guaidó, el abogado Andrew Fulton argumentó que, en una declaración el 4 de febrero de 2019, Londres reconoció «inequívocamente» al líder opositor como presidente y jefe de Estado en Venezuela.
Señaló que la Justicia británica debe hacer lo mismo, al margen de que sea Maduro quien sobre el terreno controle el funcionamiento de Venezuela, por la doctrina de «Una sola voz», que requiere a los órganos del Estado británico actuar de forma unificada en política exterior.
El abogado de la junta nombrada por Maduro, Nick Vineall, adujo, por su parte, que, en su comunicado, el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, solo reconoció a Guaidó «de iure» (en derecho), pero no «de facto» (de hecho), al frente de Venezuela, ya que en la práctica sigue tratando con el Gobierno chavista y sus embajadores.
En el mensaje institucional que centra esta disputa, Hunt manifestaba que el Reino Unido reconocía al líder opositor como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles», tras haber dado un ultimátum previamente a Maduro para convocar esos comicios.
En un osado alegato, el equipo legal de la junta de Maduro dijo que esta declaración del Gobierno británico «viola» la legislación internacional, al contener una «amenaza» y elementos «coercitivos» presuntamente destinados a influir en los asuntos internos de Venezuela.
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