Un juez estadounidense concedió cinco semanas al gobierno de Joe Biden para prepararse para la sentencia que impide aplicar una norma de salud pública para bloquear la entrada de migrantes que solicitan asilo en la frontera con México.
En su dictamen, Emmet Sullivan dijo que accede con «mucha renuencia» al pedido del gobierno de Joe Biden de seguir aplicando el llamado Título 42 en la frontera con México cinco semanas más, para poder prepararse frente a una temida avalancha de migrantes, en su inmensa mayoría latinoamericanos.
El martes, Sullivan dictaminó que el Título 42, aplicado por su predecesor Donald Trump en 2020 como medida anticovid, se usó contra los migrantes de manera «arbitraria y caprichosa», y no se puede seguir haciendo.
En ese fallo también dijo que no aceptaría solicitudes de suspensión o demora temporal, lo que significaba que los funcionarios fronterizos debían comenzar a aceptar de inmediato a muchos de los miles que cruzan la frontera a diario en busca de asilo.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó un aplazamiento para preparar la transición.
«Este período de transición es fundamental para garantizar que el DHS pueda continuar llevando a cabo su misión de proteger las fronteras de la nación y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada», escribió Sullivan.
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Agregó sin embargo que después de constatar la aplicación errónea del Título 42 concede la suspensión «con mucha renuencia», e indicó que no permanecerá vigente para ninguna apelación de su fallo judicial ante un tribunal superior.
La sentencia del martes entrará en vigor el 21 de diciembre a medianoche, señaló Sullivan.
En un comunicado, el DHS dijo que continuará aplicando el Título 42 a las familias y los adultos solteros que cruzan la frontera con México.
– «Frontera cerrada»-
«La gente no debería escuchar las mentiras de los traficantes que se aprovecharán de los migrantes vulnerables, poniendo vidas en peligro», advirtió.
«La frontera está cerrada y continuaremos aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración en la frontera».
El fallo del martes fue en respuesta a una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que acusa al DHS y a la Patrulla Fronteriza de «expulsión sumaria» de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por covid.
El gobierno de Biden siguió aplicando el Título 42 y cuando decidió eliminarlo tropezó con la oposición de numerosos gobernadores republicanos que replicaron en los tribunales para impedirlo.
Hace seis meses un juez de Luisiana dictaminó que el gobierno no podía abandonar esta política.
En lo que va de año, hasta el 22 de septiembre, las autoridades fronterizas han interceptado a 2,3 millones de migrantes.
Solo en octubre hubo 185.527 migrantes interceptados a lo largo de la frontera con México, un aumento del 1,5% en un mes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La inmensa mayoría fueron rechazados en virtud del Título 42.
El número de venezolanos, cubanos o nicaragüenses que intentan cruzar la frontera terrestre ha aumentado un 149% con respecto a octubre de 2021, mientras que el de los procedentes de México y el norte de Centroamérica ha bajado 12% desde esa fecha, según datos oficiales.
Este miércoles el recién reelegido gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano partidario de aplicar mano dura contra la migración, ordenó a las fuerzas de seguridad «ampliar sus esfuerzos sin precedentes para combatir la creciente inmigración ilegal a lo largo de la frontera» con México, que calificó de «invasión».
El Título 42 permite la expulsión inmediata de cualquier extranjero o no residente que intente entrar en el país sin visa.
Se lleva a cabo sin un proceso legal y sin una expulsión formal al país de origen. Es más, los agentes fronterizos pueden invocarlo para expulsar a una persona sin las entrevistas previas obligatorias.
Pero, a diferencia de una expulsión regular, no prohíbe volver a intentar entrar a Estados Unidos.
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