Juez ordena prisión preventiva a asesor de Fujimori por caso Odebrecht
Un juez peruano ordenó el sábado 36 meses de prisión preventiva y la captura internacional del empresario y figura fujimorista Jaime Yoshiyama, acusado junto a la líder opositora Keiko Fujimori del presunto delito de lavado de activos por aportes ilegales de campaña otorgados por Odebrecht.
Yoshiyama se desempeñó como secretario general del partido fujimorista en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, en la que postuló a la vicepresidencia peruana.
Además de Yoshiyama, quien se recupera en Miami (Florida, EEUU) de una operación a la vista, según su abogado, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó impedimento de salida del país por 36 meses para Augusto Bedoya. El empresario integró el comando de campaña y el círculo de confianza de Keiko en las presidenciales.
La decisión del magistrado contra los dos investigados se produjo pasada la medianoche y cerró una audiencia de prisión preventiva iniciada el 24 de octubre.
«La prisión preventiva deviene en indispensable para conjurar el riesgo en el proceso, conforme se ha patentizado en la conducta de Yoshiyama de eludir a la justicia», dijo el juez Concepción Carhuancho resaltando la presencia del investigado en Estados Unidos.
En el caso de Bedoya, el juez declaró infundado el pedido de prisión preventiva y dictó medidas cautelares.
La fiscalía acusa a 11 personas de la cúpula del partido fujimorista Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), de formar «una organización criminal» al interior de la agrupación para captar fondos ilícitos destinados a financiar la campaña presidencial de Keiko.
Odebrecht, según declaración de su exjefe en Perú, Jorge Barata, financió con 1,2 millón de dólares la campaña de Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, sostiene que Yoshiyama y Bedoya fueron quienes recibieron, cada uno, medio millón de dólares para la campaña. Los restantes 200.000 dólares, Odebrecht los destinó a un fondo común de empresarios que apoyaban a Keiko.
Tras esta medida judicial, siete de los 11 investigados acabaron con prisión preventiva, encabezados por Keiko Fujimori quien se encuentra encarcelada desde el pasado 31 de octubre.
A pedido del fiscal Pérez, otro tribunal prohibió hace una semana que el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) salga del país durante 18 meses, al ampliar las investigaciones del caso Odebrecht, tras lo cual el exmandatario ingresó a la embajada de Uruguay en Lima y pidió asilo político.
Perú es uno de los países de la región más afectados por el escándalo de corrupción de Odebrecht. La empresa admitió haber pagado sobornos a autoridades peruanas por al menos 29 millones de dólares a partir del año 2004.
Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía peruana los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kczynski (2016-2018).
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