Juez reabre proceso que permitiría embargo de Citgo por reclamo de Crystallex

Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se abstuvo de pronunciarse sobre la suspensión solicitada por el equipo legal del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ahora el juez principal Leonard P. Stark del Tribunal de Distrito de Delaware (EE. UU) propina un nuevo y peligroso revés a la oposición venezolana, al ordenar que continúe el juicio que abre la vía para subastar las acciones de Citgo, a pedido de la quebrada minera canadiense, Crystallex.

La orden permite al fondo que ahora administra los intereses de la empresa demandante conseguir los 1.400 millones de dólares que exige como indemnización por la expropiación de sus activos en Venezuela, por parte del gobierno del fallecido ex presidente Hugo Chávez.

A través de su cuenta de Twitter, el procurador especial designado por la administración interina -reconocida por media centena de países- de Juan Guaidó, el abogado José Ignacio Hernández, explicó que la decisión de Stark no implica la enajenación inmediata de Citgo, sino la continuación del proceso judicial.

«El caso es crítico para la oposición de Venezuela liderada por Juan Guaidó, que contaba con las ganancias de la compañía con sede en Houston para financiar la recuperación de la nación devastada por la crisis, si alguna vez pudieran forzar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder», dice un despacho de AP.

El Centro de Comunicación Nacional, el órgano creado por la administración Guaidó para la labor de difusión, envió una nota donde señala que:

Ante la noticia reseñada por medios internacionales sobre el estatus actual de un juicio de Crystallex International en contra de la República y Pdvsa, el Gobierno Legítimo aclara a la opinión pública:

1. Reiteramos que Citgo Petroleum Corporation (Citgo) se mantiene protegida gracias a los esfuerzos realizados por el Gobierno Legítimo, que incluyen el acuerdo con el Departamento del Tesoro para la protección de la empresa pese a la vulnerable situación a la que la misma llegó por culpa de la desastrosa política de expropiaciones emprendida por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

2. Este proceso aprobado por un Tribunal de Delaware es la consecuencia legal que ya teníamos prevista y que era el paso correspondiente tras la decisión de esta semana de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Aún el juicio permanece en marcha y a la espera de próximos acontecimientos.

El Gobierno Legítimo continuará luchando por la protección de los activos de nuestro país en el extranjero, una lucha que no ha sido fácil dada la destrucción generalizada a la que nos llevaron 20 años de políticas erróneas emprendidas por Hugo Chávez y posteriormente por Nicolás Maduro. Sin embargo, es nuestro compromiso mantener esta defensa en nombre de todos los venezolanos y así lo haremos valer.

– Citgo: trofeo político –

Aparte de las implicaciones financieras que tendría la pérdida de Citgo, si al final debe ser embargada para cancelar no solo la deuda con Crystallex, sino el pasivo acumulado por el default del bono Pdvsa 2020, que tiene como colateral el 51% de las acciones de la refinadora, una decisión que implique la derrota de la oposición venezolana en este caso sería un golpe político devastador.

La verdad es que para el gobierno chavista de Nicolás Maduro, Citgo no representa un activo medular y son ampliamente conocidos los planes de vender la empresa que tenía el régimen socialista, incluso desde antes que el sucesor de Chávez llegara al poder, cuando Rafael Ramírez era el jefe todopoderoso de la industria petrolera.

Sin embargo, el proyecto de venta se complicó por diversos factores, entre ellos la tensión creciente con Estados Unidos, pero no hubo empacho en utilizar a Citgo como garante de dos pasivos que eran urgentes para financiar las arcas cada vez más escuálidas del gobierno: la emisión de los PDVSA 2020, cuyo colateral es 51% de la refinadora, y un crédito con Rosneft de 1.500 millones de dólares, acordado en 2016, que tuvo como garantía el restante 49,9% de las acciones de la antigua filial de la petrolera estatal venezolana.

La Asamblea Nacional consideró nulas las dos operaciones, pero el sistema judicial estadounidense, que tiende generalmente a proteger los intereses de los inversionistas, no ha reconocido expresamente las decisiones del parlamento venezolano electo en 2015, cuyo basamento es que ambas operaciones no cumplieron el trámite constitucional del control parlamentario.

Ahora, la pelota está en la cancha del equipo legal de Guaidó, que ha tenido problemas internos y algunas controversias recientes por asignación de fondos, que incluso llevaron al procurador Hernández a considerar su renuncia.

Si Citgo se pierde, el gobierno de Nicolás Maduro tendrá una sonora herramienta de propaganda contra la oposición liderada por Guaidó y éste tendrá que encajar el duro golpe de una derrota que se produce en Estados Unidos, a pesar que el gobierno de Donald Trump es su mayor aliado internacional. El asunto es que en EEUU sí funciona la separación de poderes.