Juez rechaza bloquear demandas paralelas al proceso de subasta de Citgo
Las demandas paralelas de Gramercy Fund, G&A Strategic y Girard Street Investments pueden seguir adelante, mientras se define la subasta de Citgo, una situación que parece complicar el proceso.
Las demandas presentadas por tres empresas que buscan mejorar sus posibilidades de obtener más recursos en una subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum pueden seguir adelante, dictaminó un juez estadounidense.
La decisión podría reducir los ingresos de cualquier venta, dijo el procurador judicial que supervisa la subasta en un tribunal federal de Delaware, a través de una moción que busca bloquear las demandas paralelas.
Las acciones de PDV Holding, la matriz de Citgo, se subastarán para pagar 21.000 millones de dólares en reclamaciones por incumplimientos de deuda y expropiaciones de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA.
PDV es una subsidiaria estadounidense de PDVSA y es el único accionista indirecto de Citgo, recuerda una nota de Reuters.
Las tres empresas relacionadas, Gramercy Distressed Opportunity Fund, G&A Strategic y Girard Street Investments presentaron demandas paralelas en otros tribunales después de que el proceso de subasta de Citgo hiciera improbable que pudieran recuperar totalmente los pasivos exigidos en la puja judicial del tribunal de Delaware.
El procurador judicial que supervisaba la subasta había pedido al juez que prohibiera las reclamaciones de Texas y Nueva York, con el argumento de que podían reducir las ofertas, justo cuando había recomendado el ofrecimiento de Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, considerada insuficiente por la entidad venezolana, reconocida por EEUU, que controla la operación de la refinadora petrolera.
Elliott había amenazado con abandonar la subasta si no se emitía la orden judicial. Un portavoz declinó hacer comentarios de inmediato.
El juez de distrito estadounidense Leonard Stark dijo que rechazar la orden judicial era su «opción menos mala», se opuso firmemente a la moción del procurador judicial para prohibir la ejecución de la sentencia.
La moción propuesta carece de base legal, y la evidencia de que se están preparando nuevas ofertas muestra que los reclamos de Gramercy y otros «no son un problema tan grande como lo indica la moción de Orden Judicial», escribió Stark.
«Nunca se tuvo la intención» de que la subasta de acciones estuviera libre del riesgo de que otros pudieran intentar confiscar los activos de Venezuela. «La premisa fundamental de la moción del perito judicial sobre la urgente necesidad de una orden judicial, no está probada», escribió Stark.
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