Juristas afirman que el TSJ es instrumento del Gobierno de Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia ha desmantelado de forma progresiva el estado de derecho, convirtiéndose en un instrumento del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en lo que equivale a un golpe contra el orden constitucional, dijo el martes un grupo internacional por los derechos humanos.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) declaró que el máximo tribunal del país había menoscabado los derechos humanos e infringido la Constitución por medio de una serie de fallos que la corte había emitido desde diciembre de 2015.
En dos resoluciones de marzo del 2017, la Corte Suprema de Justicia “se atribuyó efectivamente facultades legislativas, despojando a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales y garantizándole al ejecutivo facultades amplias y arbitrarias”, declaró la CIJ.
“Esas decisiones equivalen a un golpe de Estado contra el orden constitucional y le han abierto la puerta a un nuevo imperio de régimen arbitrario”, señaló Sam Zarifi, secretario general de la CIJ, a través de un comunicado.
Los jueces que integran la Corte Suprema pertenecen principalmente al Partido Socialista gobernante y/o son exfuncionarios del Gobierno de Maduro, añadió el grupo con sede en Ginebra.
Maduro niega acusaciones de que se está aferrando al poder y argumenta que sus acciones, incluyendo la creación de una asamblea constituyente de amplias atribuciones, están destinadas a restaurar la paz tras meses de protestas y violencia.
Zarifi dijo que la Corte Suprema ha emitido sus fallos “basada en consideraciones políticas e ideológicas y en lealtades partidistas al poder ejecutivo”.
El reporte del grupo de juristas titulado “La Corte Suprema de Justicia: un instrumento del poder ejecutivo” fue dado a conocer en los márgenes de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que comenzaron el lunes y se extenderán por tres semanas.
El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra‘ad al-Hussein, advirtió el lunes que el Gobierno de Maduro podría estar aplicando aún más presión a las instituciones democráticas y que sus fuerzas de seguridad podrían haber cometido crímenes contra la humanidad.
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