Justicia, aumento salarial, corresponsabilidad y precios

El lunes 30 de abril de 2018 el presidente de la República, Nicolás Maduro denunció «que unas mafias económicas roban al pueblo cada vez que su Gobierno aprueba aumentos salariales para intentar paliar la hiperinflación que ha mermado el poder adquisitivo de los venezolanos en los últimos meses».

«Si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo se van a ver la cara conmigo y voy a hacer justicia, les doy la última oportunidad», dijo Maduro refiriéndose a los automercados, desde el estado Cojedes (oeste) durante un acto de campaña de cara a las presidenciales del 20 de mayo.

En ese mismo orden de ideas, el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, habría citado a toda la red de supermercados y abastos del país para, según Maduro, darles «un ultimátum».

Al respecto debe destacarse que la incidencia del aumento de los salarios vía passthrough hacia los precios no solo se debe a su incidencia directa sobre la estructura de costos propia y sobre la de los insumos relacionados requeridos -así como su efecto compuesto o recursivo a lo largo de toda la cadena de valor-, sino igualmente respecto al precio relativo de todos los bienes y servicios con relación al bolívar.

Así las cosas, especialmente respecto al último componente comentado, el reconocimiento e incorporación de costos de reposición y económicos en la estructura de costos y en la restricción de participación del oferente no solo evita el desabastecimiento artificialmente creado producto exclusivo del control de precios, sino que evita su efecto inflacionario. Si el Gobierno desconoce tal passthrough, especialmente cuando la curva de oferta pudo haberse desplazado hacia arriba y la izquierda al aumentar los costos, y se insiste en mantener precios por debajo del precio de la nueva situación de mercado, se producirá una brecha entre la demanda y la oferta: desbastecimiento.

El desabastecimiento será mayor respecto al precio regulado en la medida que el precio regulado se encuentre muy por debajo del precio de mercado de la situación original antes del aumento salarial y mientras mayor sea el desplazamiento de la curva de oferta hacia arriba y la izquierda.

Consecuentemente mayor será el efecto inflacionario del control de precios, independientemente que el Gobierno crea que puede fiscalizar y amenazar a un reducido número de cadenas de comercialización formales, porque será el mercado paralelo (“bachaquerismo”) el que imponga el precio que vacía a la oferta igualándola con una reducida demanda ante el precio de arbitraje. Recordemos que estamos refiriéndonos fundalmentalmente a productos de consumo masivo susceptibles de arbitraje.

El principio de corresponsabilidad en materia de precios parte de que precios por debajo de su costo marginal y costo incremental pudieran implicar destrucción de bienestar social -salvo que existan importantes efectos externos o externalidades positivas-.

Adicionalmente, puede producirse un lamentable efecto regresivo en el mercado laboral producto del aumento del salario mínimo. Este podría eventualmente constituir un referente más mandatorio para el segmento del mercado laboral menos cualificado, que dado que su ajuste no responde a aumentos de su productividad, implicará la creación de incentivos perversos para que en términos relativos -ceteris paribus- el desempleo aumente para los trabajadores menos cualificados, más pobres y vulnerables.

Por otra parte, si el Gobierno cree que por medio de subsidios cruzados puede financiar el acceso a los bienes a la población base de su “apoyo” político, indistintamente que lo pretenda hacer por un lado por la vía del oferente privado forzado a aportar los productos o al final de cuentas vía demandantes de mayor poder de pago que cancelen mayores precios, existe un límite: para los primeros el costo de oportunidad de su capital y para los segundos -especialmente porque nos estaríamos refiriendo a bienes de consumo que cuentan con alternativas- su sustituibilidad o en un extremo su prescindibilidad.

Conclusión, el problema y no la solución es la “producción” de bolívares sin contraparte en el sector real, y la real solución es la producción de bienes y servicios y no de bolívares sean dizque fuertes o soberanos, los fulanos. Los bienes y servicios no se producen con bolívares, sino con incentivos, factores productivos e insumos, valga entender dentro del primero un marco institucional-legal-regulatorio eficiente y coherente.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.