Justicia española autoriza extradición a México al exdirector de Pemex

La Justicia Española ha acordado extraditar a México al ex director general de Pemex Emilio Lozoya por un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En un auto, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, además de que el propio Lozoya accedió a ser extraditado en un escrito presentado el pasado 29 de junio.

Las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de «operaciones con recursos de procedencia ilícita», que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.

El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero de 2020 cuando Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016 con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.

El 13 de febrero fue enviado a prisión en España mientras se tramitaba la extradición.

Según la resolución, antes de ocupar su cargo en Pemex entre 2012 y 2016 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, se comprometió «a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país» con la empresa Altos Hornos de México(AHMSA), representada por Alonso Ancira, conocido como «el rey del acero» y que también fue detenido en España por una reclamación de su país.

A cambio de este acuerdo, Lozoya recibió una cantidad de dinero, que posteriormente utilizó para la compra de un inmueble.

De ese modo, entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó 5 transferencias por importe de 3,4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era el reclamado, si bien sus acciones y activos los había traspasado a su hermana Gilda.

Las transferencias desde AHMSA a Tochos, que no mantenían relaciones ni vínculos comerciales, se llevaron a cabo cuando Lozoya formaba parte del gabinete de transición del entonces nuevo presidente electo, Enrique Peña Nieto.

En diciembre de 2013, ya como director general de Pemex, propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria, filial de la petrolera, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.

Esta planta había permanecido inactiva durante 14 años y los informes desaconsejaban su compra, pero finalmente Pemex adquirió el inmueble por 264 millones de dólares, además de tener que invertir 450 millones en rehabilitar el espacio.

La segunda causa por la que Lozoya está reclamado se remonta a 2009, cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la empresa constructora Norberto Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios.

A cambio de la ayuda, Lozoya solicitó al director de Odebretch que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del PRI.

Entre abril y junio y en noviembre de 2012, la constructora hizo hasta 8 transferencias por un total de 4 millones de dólares a las empresas «atin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan, vinculadas a Lozoya o a su familia.

«Parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013, a la compra de un inmueble por 1,9 millones de dólares en el Estado de Guerrero en la República Mejicana por la esposa del reclamado Marielle Helen Eckers», señala la documentación de extradición.

Además, como director general de la petrolera estatal, en 2013 otorgó de forma directa a Odebretch un contrato de 1.436 millones de pesos para unas obras en la antigua refinería de Tula.

Este contrato debería haberse licitado públicamente, pero la constructora se comprometió a pagarle 6 millones de dólares a cambio de la obra.

De dicha cantidad, recibió 5 millones mediante 5 transferencias entre 2013 y 2014 a la cuenta bancaria a nombre de Zecapan.