Justicia europea obliga a bancos españoles a reembolsar "intereses abusivos"

La justicia europea decretó este miércoles que los bancos españoles reembolsen a sus clientes los réditos obtenidos por incluir unas cláusulas abusivas en las hipotecas, decisión que provocó fuertes caídas en la bolsa en Madrid.

Según el Banco de España, los costes de este reembolso estarían algo por encima de los 4.000 millones de euros para el sector bancario español, que hace apenas cuatro años requirió de un rescate europeo de 41.300 millones de euros.

Durante años, las entidades financieras comercializaron con créditos hipotecarios a interés variables con unas cláusulas, llamadas «cláusulas suelo», que restringían la caída de las tasas hasta un determinado límite, incluso si se desplomaban los tipos bancarios.

En mayo de 2013, el Tribunal Supremo español declaró ilegales estas cláusulas pero sólo decretó el reembolso de los réditos obtenidos por ellas a partir de la publicación de la sentencia.

Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, estimó que decretar injustas estas cláusulas implica «devolver al consumidor a la situación en la que hubiera estado en el caso de no haber existido estos términos».

En resumen: los beneficiarios de estas hipotecas tienen «el derecho de obtener el reembolso total de las cantidades pagadas de más a los bancos».

La Asociación Española de Banca mostró en un comunicado su respeto a la resolución pero se interrogó sobre «cómo se trasladará esta a la jurisprudencia española» en cuánto a plazos y al procedimiento para devolver estas cantidades.

«Va a ser una cuestión muy controvertida», aseguró a la AFP Erick Berguer, abogado especialista en derecho bancario.

El Tribunal Supremo es la máxima instancia del ordenamiento jurídico español por lo que sus resoluciones no admiten recurso y son irrevocables. 

De hecho, en su sentencia, el tribunal europeo admite que su decisión «no se opone» a la de la corte española, que podría seguir vigente.

Según Berguer, la resolución de Luxemburgo «será aplicable a los procesos pendientes pero surge la duda para los pleitos ya resueltos por sentencia firme».

El partido socialista en la oposición reclamó al gobierno conservador de Mariano Rajoy que establezca un procedimiento de resolución extrajudicial para agilizar la devolución del dinero a los afectados.

Caídas en bolsa

La sentencia supone un jarro de agua fría para las entidades bancarias. En la Bolsa de Madrid, sus valores se desplomaban: Banco Popular caía un 6,91% y Banco Sabadell y Caixabank se acercaban al -4% en un mercado que perdía un 0,82% a mediodía.

Liberbank, fuera del selectivo Ibex-35 pero muy expuesto a estos créditos hipotecarios, registraba un -11,63%.

La banca española se benefició a principios de siglo de la burbuja inmobiliaria, firmando numerosos créditos hipotecarios aprovechando la actividad desenfrenada del sector de la construcción.

En su momento álgido, en 2007, se contrataron 1,78 millones de hipotecas por un valor de 300.000 millones de euros. En 2015, esta cifra cayó a 372.000 créditos por un valor de 49.000 millones, según las cifras del INE.

El estallido de esta burbuja hundió a España en una larga crisis, destruyendo millones de empleos y dejando sin recursos a muchas familias que fueron expulsadas de sus casas al no poder pagar sus hipotecas.

El sector bancario, al borde de la quiebra, requirió en 2012 de una ayuda europea de 41.300 millones de euros y el gobierno creó una banco público, la Sareb, que absorbería los millones de activos inmobiliarios tóxicos de las entidades.

Aunque esta decisión es positiva para los afectados por estas cláusulas, puede provocar un encarecimiento de los créditos para que los bancos puedan afrontar estos reembolsos, advirtió el departamento de estudios del portal de anuncios inmobiliario Idealista.

Sindicatos y asociaciones de consumidores celebraron la resolución. «Se viene a restaurar la justicia», dijo el secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, llamando a «erradicar» esta práctica y «compensar a las personas por el daño causado».

Por su parte, el presidente de la principal patronal CEOE, Juan Rosell, se limitó a instar a los bancos a cumplir la decisión.