Justicia fiscal = Tributación justa

El mejor sistema tributario debe encontrar un balance entre los objetivos de la Eficiencia y la Equidad. El Código Orgánico Tributario debe ofrecer posibilidades a los contribuyentes para defenderse cuando se le hagan reparos. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, debería fiscalizar más los montos declarados y pagados, y menos las formalidades menores.

Ninguna empresa debería cerrarse porque en el momento de la inspección (no anunciada) los libros relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se encuentren fuera de la empresa en las oficinas del contador (propio o contratado), o por errores inmateriales o de interpretación como tantas veces ha ocurrido, sin haberle dado derecho razonable a la defensa.

Si el SENIAT hace una inspección y cierra la empresa de inmediato, y días después la empresa demuestra que no cometió las faltas por la que la cerraron, el debería indemnizar a la empresa que irresponsablemente cerró. Si bien los contribuyentes deben pagar todos sus impuestos a tiempo, el Seniat también debe devolver a tiempo todo lo que le corresponda devolver. Si los contribuyentes que se retrasen deben pagar corrección monetaria e intereses, lo mismo debe hacer el fisco por sus propios retardos.

La Unidad Tributaria debería ajustarse todos los años de acuerdo con los índices de precios al consumidor, no con valoraciones subjetivas o pronósticos optimistas como se ha hecho entre 2007 y 2017.

El Estado debería tratar de que el sistema impositivo sea un factor de promoción de inversión y no de lo contrario. Los deberes formales relacionados con los tributos resultan tan exagerados, que puede afirmarse que ningún contribuyente aguanta una inspección de la superintendencia tributaria (SENIAT). Ello no solo inhibe las inversiones, también tiene otras consecuencias graves.

Suele creerse erróneamente que en Venezuela, a diferencia de tantos otros países, los impuestos son bajos y  son evadidos. Ambas aseveraciones están lejos de la verdad.

Por cada bolívar que cualquier empresa logra vender, salvo excepciones, al público se le obliga a pagar un IVA de 12%; pero además de ese IVA que se le cobra directamente al consumidor, las empresas pagan varios otros impuestos por cada bolívar producido: los municipios exigen un porcentaje que en promedio se puede estimar en 1,3%, la ley de Innovación, Ciencia y Tecnología exige 0,50% pero puede llegar al 2%, y si se trata de una empresa que contrata con el gobierno, la ley de Contrataciones Públicas obliga aportes “voluntarios para la comunidad” de entre 1% y 5%.

Las empresas pagan otros impuestos, además de los mencionados. Si después de gastos y varios otros como los que tienen en las nóminas de personal, los timbres fiscales, los aranceles aduaneros y los municipales sobre las propiedades que da un beneficio, las empresas tendrán que entregarle al gobierno central entre 34% y 36,3% de esos beneficios, la segunda tasa más elevada del mundo.

Se ha impuesto un sistema estricto de facturación y de retenciones en casi todas las transacciones de importancia. Las visitas del Seniat a las empresas ocurren con exagerada agresividad violando principios constitucionales tales como Debido Proceso, Propiedad Privada y Libertades Económicas, sin permitirle razonablemente el derecho a la defensa. La ley permite entre otros que el órgano tributario, se lleve los computadores y libros del contribuyente bajo inspección.

El Seniat ha creado una figura de “Contribuyentes Especiales” para observarles todos sus movimientos, agregarles cargas administrativas adicionales y asegurar de manera especial todos sus pagos. Al principio los Contribuyentes Especiales fueron un grupo de empresas grandes. Pero cada día entran a ese club empresas más pequeñas. También han obligado a pertenecer a este grupo tan controlado, a organizaciones sin fines de lucro.

Si la recaudación total de impuestos a muchos les parece baja, ello no sería por bajos impuestos ni por evasión más allá de la callejera, sino por razones de que hay pocas empresas, menos aún empresas con buenos ingresos logrando buenos beneficios gravables por impuestos, prácticamente ninguna exportando y muy pocas individualidades con buenos ingresos.

Cuando el gobierno se queja de que aquí los precios son mucho más elevados que en otros países, bien haría en sumar todos los impuestos y cargas administrativas incluidas que productores, importadores y distribuidores están obligados a pagar para poder continuar operaciones.

Las empresas privadas más importantes, luego de estatizadas, han arrojado pérdidas y no han tenido que pagar Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Probablemente no han pagado Impuesto sobre la Renta ni la mayoría de otros impuestos que cuando estaban en manos privadas sí tenían que pagar. Las empresas privadas que subsisten, en su mayoría tiene precios regulados y por ello su rentabilidad resulta baja o inexistente y no les corresponde pagar Impuesto sobre la  renta.

La empresa privada es pequeña, entre tantas razones, porque las leyes impositivas, están lejos de ser amigables con la inversión privada, los controles de precios y de cambio las asfixian, porque las principales empresas fueron estatizadas, y porque el estado se ha reservado para si las actividades con mayor potencial de éxito económico. Los cierres de empresas, que  hacen la Superintendencia de Precios Justos y el Seniat, resultan un arbitrariedad inexcusable y contribuyen a que la economía no pueda florecer y generar impuestos.

Por otra parte, las cargas administrativas inevitables para poder cumplir con todos los impuestos que se le ha endilgado a la empresa establecida en Venezuela, están entre las más altas del mundo.

Tenemos que preguntarnos ¿Para qué está el IVA y el ISLR no petrolero y toda la recaudación petrolera?

Problema mayor es la inestabilidad de las leyes. Todo el sistema legal, incluyendo todo lo que se refiere a lo impositivo, cambia con demasiada frecuencia. Los impuestos deben simplificarse, rebajarse y algunos anularse, de manera tal, que se incentive una economía más eficiente, capaz de impulsar la inversión y el empleo.

Mayores impuestos dirigidos al pequeño sector privado que hace vida en nuestro país y que sí cumple con todas las leyes, podrá parecer una buena idea a quienes lo que quieren es obtener el mayor volumen de impuestos de la empresa privada y en algunos casos su extinción. No dudo en afirmar que, destruir a la empresa privada tendrá efectos adversos, a corto y a largo plazo. Significa mayor escasez y desempleo.

El sistema impositivo es un factor fundamental en toda sociedad moderna. Tiene efecto clave en las finanzas del Estado, en las de productores y consumidores. Muchísimo tiene que ver con que haya o no inversiones.

Los impuestos, tanto por la cantidad de recursos que han de pagarse, como por la carga administrativa necesaria para poder pagarlos, siempre tienen un impacto negativo sobre las personas naturales o jurídicas obligadas. Ahora bien, si los gobiernos centrales, regionales o locales que los reciben los utilizan de buena manera, se logra beneficiar a todo el mundo, inclusive quienes los pagan. Por ello, los impuestos pueden ser un factor de progreso o no.

La prudente utilización de todos los recursos por parte de los gobiernos que los captan es crucial, pero también lo es su moderación, sus normas claras, simples, razonables y estables. Los modales empleados en su cobranza y en su supervisión también son muy importantes. Los impuestos que pueden pagar en países de alto desarrollo, pueden ser absolutamente impagables en países de bastante menor desarrollo como por ejemplo Venezuela.

La moderación del sistema impositivo debe evaluarse, comparando cada tributo con sus homólogos o similares en otros países de similar desarrollo y con economías en crecimiento sostenido. Siempre sobre la base de lo que terminan pagando, aquellos que cumplen cabalmente con las leyes.

En conclusión todo país que quiera desarrollarse, debería estar en capacidad de poder presumir de que su sistema impositivo, aparte de captar recursos, es además, favorable a la inversión.

Entre 2007 y 2017, la unidad tributaria fue ajustada por bastante menos que la inflación del año. Ello ha hecho que multas e impuestos menores no hayan crecido en paralelo con la inflación, sino menos. Pero para los contribuyentes del ISLR, personas jurídicas (y también naturales) cuyos ingresos han subido en forma similar a la inflación, el ajuste reducido que se le ha hecho a la Unidad Tributaria, ha significado mayores tributos de forma automática, sin que muchos se percaten de esa reforma impositiva “silente” que se ha venido dando. El problema inflacionario que suele distorsionar la contabilidad de las empresas exagerando las verdaderas ganancias de productores y distribuidores, es algo más complejo que el ajuste mencionado a través del uso correcto de “unidades tributarias”.

Hay que ir más allá para evitar que las empresas o accionistas paguen por ganancias de papel generadas por el proceso inflacionario. El remedio más sano para todos sería abatir la inflación, hecho que en casi toda Latino América, excepto nuestro país, se ha logrado. Se requiere para ello de políticas económicas sensatas y no controles.

Lo que necesita el país, no es subir impuestos ni forzar a gente a pagar ISLR, sino liberar la economía, para que tenga posibilidades de funcionar y suban los ingresos de todos. Cuando esto ocurra, habrá muchas personas declarando y pagando ISLR. Téngase presente, que si bien la gente de bajos recursos no paga ISLR, sí paga IVA y una serie de otros impuestos implícitos en los precios, cuando compra bienes o servicios en negocios que, además de sostenerse, cumplen con las leyes.

Para concluir sugerimos y recomendamos las siguientes acciones en  el AMBITO  TRIBUTARIO:

 1. Eliminar exenciones/exoneraciones del IVA y bajar la tasa básica del impuesto, actualmente de 12% a la mitad, de manera que el fisco siga cobrando lo mismo, pero sin hacerle daño a tantas empresas que pagan IVA pero que por razones de exenciones/exoneraciones, no lo pueden recuperar al momento de vender.

2. Suprimir las retenciones del 75% (a veces del 100%) del IVA que tanto afectan a Contribuyentes Especiales. En teoría estas retenciones que terminarían compensándose, en la práctica, muchas veces nunca se compensan. Sabemos de pequeñas empresas ansiosas de vender que se niegan a contratar con Contribuyentes Especiales, porque la retención del 75% y hasta del 100% que se les hará cuando les paguen su factura, será demasiado onerosa para ellas.

3. Estudiar la posibilidad de cambiar el IVA por un impuesto a las ventas que cobrarían los gobiernos regionales y locales (un porcentaje sobre ventas escogido por cada región, preferiblemente con un tope). Tal cambio eliminará problemas asociados con la manera y la oportunidad como el gobierno central devuelve lo cobrado en cada región. Además por su sencillez, reduciría las cargas administrativas para los contribuyentes que implica el IVA, lo cual le daría vigor a las empresas actualmente forzadas a cobrar y pagar este impuesto, y estimularía la formalización de tantas empresas pequeñas.

Por Raúl Gil Arias. Contador Público-Abogado Tributario, Profesor UCAB Catedra: Derecho Tributario y Financiero. Twitter: @raulgilarias