Justicia uruguaya levanta secreto bancario de exdirectores de petrolera Ancap

Un juzgado de crimen organizado de Uruguay autorizó el levantamiento de los secretos bancario y fiscal de todos los directores de la petrolera y cementera estatal Ancap, así como de empresas que negociaron con el organismo entre los años 2005 y 2015, informaron hoy medios locales.

Esta medida se habilitó a pedido de la jueza a cargo del caso, Beatriz Larrieu, para facilitar el trabajo de un equipo interdisciplinario que investiga la gestión de la petrolera estatal, confirmaron a Efe fuentes que intervienen en el caso.

El levantamiento concierne, entre otros, al actual intendente de Montevideo, Daniel Martinez, y al vicepresidente del país, Raúl Sendic, ambos presidentes de la empresa estatal durante el periodo que investiga la Justicia.

A su vez, podrán ser investigadas las cuentas bancarias de todos los demás miembros del directorio de Ancap, compuesto mayoritariamente por representantes del bloque de izquierda oficialista Frente Amplio, así como a los representantes de la oposición que ocuparon cargos de dirección en la entidad.

La orden judicial también alcanza a los jerarcas de Alcoholes del Uruguay (Alur), empresa integrante del grupo Ancap, encargada de producir principalmente biocombustible.

También se solicitó la suspensión del secreto fiscal y bancario para las sociedades anónimas que concretaron negocios en el exterior a través de la intermediación de Alur.

Se espera que el equipo interdisciplinario que se conformó a pedido de la fiscal del juzgado de crimen organizado María de los Angeles Camiño, otorgue un primer informe a la jueza del caso a finales de septiembre.

Fuentes del Poder Judicial uruguayo confirmaron a Efe que «estos procedimientos no son extraordinarios» y que son «una herramienta más que tiene el juez para estudiar el caso».

El Partido Nacional (PN), el Colorado (PC), el Independiente (PI) y Unión Popular (UP), los cuatro partidos de la oposición con representación parlamentaria, denunciaron hechos particulares y no a personas, por lo que la jueza aún no ha llamado a nadie en calidad de indagado.

«En caso de ser necesario, y haya que investigar posteriormente a alguna persona, el equipo ya quedó autorizado al levantamiento del secreto bancario», dijo Larrieu en declaraciones al periódico local El Observador.

La investigación judicial parte de las denuncias que los cuatro partidos de la oposición presentaron el pasado 19 de abril ante la Justicia exponiendo sus argumentos sobre algunos hechos ocurridos en ese periodo susceptibles de constituir algún delito.

Ancap, que tiene el monopolio para el refinado y la distribución de los combustibles en Uruguay, cerró el ejercicio 2015 con un resultado negativo de 198 millones de dólares de pérdidas.

La cifra viene a sumarse a los 323 millones de dólares de pérdidas con los que cerró el año 2014 y los 170 de 2013.

Sin embargo, una comisión de investigación parlamentaria que comenzó en agosto de 2015 y que culminó en febrero de este año concluyó con que «no existieron actos ni hechos ilícitos ni irregulares» en la gestión de Ancap entre 2000 y 2015.