La autodeterminación de los pueblos

El principio de libre determinación de los pueblos se basa en el derecho internacional público y se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas.

El derecho a la autodeterminación permite a los pueblos decidir libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones, sin intervención externa, siempre y cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados y los gobiernos emanen de la voluntad popular.

Antiguamente los príncipes alegaban tener derechos de origen divino y por tanto se consideraba que podían ejercer plenamente la soberanía en los territorios que gobernaban. Su voluntad era la ley.

Eso cambió con la Revolución Francesa. Hoy en día la soberanía proviene del pueblo, tal como lo establece nuestra Constitución en su artículo 5, el cual reza textualmente:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Mal puede un gobierno alegar el principio de autodeterminación frente a otros Estados cuando le niega a su pueblo el ejercicio de esa soberanía conforme a lo establecido en su Constitución.

Cuando el derecho al sufragio -claramente previsto en el Art 63 de la Constitución- queda restringido al encarcelar, inhabilitar o exiliar a los líderes opositores, al ilegalizar a los partidos de oposición, al permitir concurrir sólo a los candidatos opositores que le conviene, cuando un gobierno usa indebidamente y de manera ventajista los recursos públicos para favorecer a su candidato o a sus propuestas o cuando no existe transparencia ni credibilidad en los mecanismos para contar los votos y por el contrario hay la percepción generalizada de fraude, ya no es factible decir que tal gobierno emana del pueblo.

Por eso tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión Europea y muchas otras naciones desconocieron las elecciones del 20 de mayo.

Cuando esas cosas ocurren deja de existir la democracia y surgen gobiernos autoritarios que se transforman en dictaduras que, para mantenerse en el poder, se valen cada vez más de la fuerza.

En el «Contrato Social», Rousseau afirmaba: «la fuerza no constituye derecho, y únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos» .

John Locke -Siglo XVII- señalaba que la soberanía emana del pueblo y que el Estado tiene como misión principal proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Abordaba también Locke al principio de la separación de los poderes. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto sino que ha de respetar los derechos humanos.

En Venezuela ya nadie cree que se respeten ni los DDHH ni la separación de los poderes. No hay legalidad de origen ni de desempeño. El régimen no tolera poderes que no le sean leales y subordinados, así hayan sido el resultado de la voluntad popular

De hecho, ante la continua violación de los DDHH, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, ha afirmado que al asumir el poder presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Posiblemente lo hará también el presidente Mauricio Macri de Argentina. El Parlamento Europeo ha anunciado que apoyará tales acciones.

Bajo esas condiciones se entiende el aislamiento progresivo de un régimen que cada vez se aleja más de la democracia y reprime a sus ciudadanos, pretendiendo tener el derecho de hacerlo -como suelen hacer los regímenes totalitarios- invocando para ello razones de soberanía y apelando al principio de autodeterminación de los pueblos, a la vez que acusan de injerencia en sus asuntos internos a los Estados que les exigen respetar los DDHH.

En el mundo de hoy, la soberanía no es absoluta. Está condicionada por Tratados Internacionales, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, que los gobiernos que los suscriben están obligados a respetar.

Una cosa es evidente. Como su nombre lo indica, el principio de la autodeterminación se aplica a los pueblos y no a los gobiernos que pretenden robarles la libertad.