La CIDH dicta medidas cautelares a favor de cuatro militares y un civil en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro militares y un civil detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, según un documento conocido este miércoles.

La decisión busca proteger los derechos de los coroneles Oswaldo García Palomo y José Romel Acevedo Montañez, así como de Alberto José Salazar Cabañas (primer teniente), Miguel Ambrosio Palacio Salcedo (sargento) y del civil Antonio José Labichela Barrios.

La CIDH solicitó al Estado de Venezuela «que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal y salud» de los ciudadanos mencionados, reza en su documento de respuesta el organismo interamericano.

Y en concreto pidió a Venezuela asegurarse de que «sus agentes respeten los derechos de los beneficiarios», y que garanticen que «tengan acceso a una atención médica adecuada, atendiendo a su condición de salud y las recomendaciones de los especialistas correspondientes».

Además, le solicitó al Estado venezolano que informe, «dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución (19 de febrero de 2019), sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas» y que actualice dicha información en forma periódica.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, se refirió en su cuenta de Twitter al otorgamiento de las medidas cautelares a favor de estas personas y señaló que «se encontrarían privados de la libertad en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Venezuela».

También la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto CASLA, Tamara Suju, -quien el pasado 3 de febrero presentó la solicitud de medidas cautelares- confirmó en Twitter la decisión, y publicó el documento de respuesta de la CIDH.

En su contestación, la CIDH consideró que «los propuestos beneficiarios se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable».

Venezuela denunció el 10 de septiembre de 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que da base jurídica a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), mecanismos a los que el entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013), acusó de estar manipulados por Estados Unidos.

Sin embargo, su retiro solo se hará efectivo en el caso de que el país abandone la Organización de Estados Americanos (OEA), proceso que el gobierno de Nicolás Maduro inició en abril de 2017 al denunciar la Carta constitutiva de ese organismo.

La petición de Venezuela deberá entra en vigor en abril próximo, dos años después.