La crisis venezolana cuesta caro a empresas estadounidenses

La crisis política y económica de Venezuela cuesta caro a las empresas estadounidenses que han invertido fuertemente en el país, como lo prueba el reciente embargo por el gobierno de Nicolás Maduro de una fábrica de General Motors.

El principal constructor de automóviles de Estados Unidos, presente en Venezuela desde hace 69 años, despidió a raíz de esa medida a sus 2.700 empleados. La planta, ubicada en la ciudad de Valencia, estaba de hecho paralizada al no poder colocar su producción en el país sumergido en el caos.

La planta de la papelera estadounidense Kimberly-Clark fue ocupada a su vez en julio pasado y debió pasar a pérdidas unos 153 millones de dólares como consecuencia de sus operaciones venezolanas.

Lo mismo le sucedió a la empresa alimentaria Mondelez, que en 2016 inscribió una carga de 778 millones de dólares para sacar de sus cuentas sus actividades en el país. La firma sigue comercializando en Venezuela las galletas Oreo pero ya no logra contabilizar sus ventas. Pepsi, finalmente, inscribió una carga de 1.400 millones de dólares en octubre para enfrentar eventuales pérdidas.

La caída continua de la cotización de la moneda, la hiperinflación y la desorganización del país hacen que estas multinacionales no puedan calcular con precisión sus ingresos en el mercado venezolano. El país había sido considerado durante mucho tiempo como un paraíso por las empresas estadounidenses.

La abundancia de petróleo, la existencia de una clase media alta y la proximidad geográfica lo convertían en un mercado potencialmente muy lucrativo. Sin embargo, las relaciones entre Washington y Caracas se fueron deteriorando progresivamente. En veinte años, las compras de petróleo venezolano cayeron en más de 50%, aunque siguen siendo una fuente vital de divisas para el Estado. Washington ha sido acusado directamente por Caracas de estar detrás de las protestas opositoras desde la época del predecesor de Maduro, Hugo Chávez.

Situación incómoda

El jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, se encuentra en situación incómoda. Antes de ocupar el cargo, fue CEO del grupo petrolero estadounidense ExxonMobil, que mantiene difíciles relaciones con las autoridades venezolanas desde hace décadas.

En 2014 Caracas fue condenada a pagar 1.400 millones de dólares por la nacionalización de su campo petrolero por Chávez, aunque en marzo pasado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, anuló esa decisión. ExxonMobil proyecta asimismo explorar en un yacimiento en disputa entre Guyana y Venezuela, en el territorio de Esequibo, un diferendo que provocó en 2015 una crisis política entre ambos países, otrora aliados. Otro tema de fricción entre Washington y Caracas es la actividad en Estados Unidos de la red de estaciones de servicio Citgo, propiedad de la petrolera estatal Pdvsa.

Legisladores estadounidenses, entre ellos los ex candidatos presidenciales republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, manifestaron recientemente su inquietud sobre la posibilidad de que el grupo petrolero ruso Rosneft adquiera el control de Citgo, basado en Houston (Texas).

Citgo fue presentada como garantía de PDVSA por una emisión de deuda en diciembre que fue suscripta por Rosneft. Si Pdvsa no pudiera rembolsarla, Rosneft podría reclamar que se le entregara Citgo como indemnización.

Seguridad nacional

Esa perspectiva «podría representar una grave amenaza al aprovisionamiento de energía del país, afectar las entregas de combustible a los consumidores estadounidenses y exponer a las infraestructuras estadounidenses esenciales a amenazas en términos de seguridad nacional», escribieron el 10 de abril Rubio, Cruz y otros cuatro senadores en una carta abierta al secretario del Tesoro Steve Mnuchin.

Según Matthew Taylor, experto para América Latina del Center for Foreign Relations de Washington, el gobierno de Donald Trump parece seguir la misma política que su predecesor Barack Obama ante la crisis venezolana.

«Estados Unidos impuso sanciones específicas a ciudadanos venezolanos, como el vicepresidente (Tareck) El Aissami, pero resistió sabiamente a la tentación de enfrentar al régimen más directa y unilateralmente, dejando a los países latinoamericanos gestionar el tema. Pero en Washington la paciencia parece estar agotándose», advirtió Taylor en un blog.