La delirante tentación de mayores controles

El Gobierno pretende avanzar en el perfeccionamiento de una sociedad distópica de planificación y toma decisiones centralizadas y administrativas, eliminando y sustituyendo la soberanía del consumidor (imponiéndole patrones de consumo), el mercado y su sistema de precios, por un modelo donde los derechos y libertades económicas constituirán en el mejor de los casos una concesión graciosa del Estado, alternativamente trabajando como un agente del Gobierno, la mayoría de los actores  económicos oferentes, o simplemente manejándolos de forma pública, destruyendo los naturales esquemas de incentivos para generar riqueza y bienestar como serían los derechos de propiedad y el lucro, y eventualmente sustituyéndolos por mecanismos de coerción o simplemente sometidos a un efecto colateral de estatización forzosa, producto del pinzamiento de márgenes y quiebra.

Para el Gobierno la solución a la crisis económica y social del país (si no es que constituye su fin último) sería una serie de mayores controles que partan desde el estadio más elevado aguas arriba de las cadenas de valor, hasta la validación, aprobación o no, control o direccionamiento de la “última” decisión aguas abajo como podría ser la adquisición del producto por parte del consumidor final a través del carnet de la patria. Para el oficialismo, el perfeccionamiento del socialismo y un control absoluto sobre la sociedad (como si gran parte de las distorsiones no se deben justamente al control y a la destrucción de los esquemas de incentivos eficientes) es posible actualmente gracias al desarrollo de los sistemas de información, electrónica, de identificación y de comunicación.

Sin embargo, tal delirio tendría que dar respuesta a dos preguntas fundamentales (desde la perspectiva normativa ciertamente): la primera: ¿es el modelo socialista de sistema distópico de control centralizado más eficiente que el modelo de libertades económicas, soberanía del consumidor y del mercado con su sistema de precios como mecanismos informativo y de asignación de recursos? Y la segunda: ¿cree realmente el oficialismo que puede llegar a controlar hasta la “última” decisión a lo largo de una cadena de valor?

Me temo que por más “atractivo” que suene para personajes que se creen moralmente superiores al resto de la sociedad (en consecuencia se creen con el “monopolio de la sensibilidad social”) y que creen que realmente podría existir un paternalismo que conculque totalmente la soberanía del consumidor en favor de este último; las respuestas a las preguntas anteriores son negativas.

Respecto a la primera pregunta debe recordarse que tanto teóricamente como la evidencia histórica, muestran que el resultado en términos de bienestar social, de un mercado lo suficientemente eficiente y de su sistema de precios, no puede ser mejorado por regulador alguno. Partiendo de lo anterior e igualmente reconociendo que existen fallas en los mercados, no puede pretender crearse una sociedad castrada, limitada y sancionada previamente en sus tomas de decisiones porque se universalizará un problema de falsos positivos, lesionando la principal fuente de generación de bienestar social: las relaciones e intercambios voluntarios.

Dicho de otra manera:

1.- Los precios no tienen por qué constituir materia de interés público, especialmente en el caso, mayoritario, de relaciones e intercambios voluntarios que constituyen un juego suma positiva.

2.- Existe un enorme número de estrategias de precios basadas en valor desplegadas por las empresas, que conjuntamente maximizan el beneficio de la empresa y el excedente del consumidor, maximizando el bienestar social; por lo que limitarlas constituiría una lesión al interés público económico.

3.- Constituye un error asumir como excluyentes en sentido estricto a los bienes sociales de eficiencia económica y el de equidad. De hecho, un Gobierno responsable debe evitar instrumentos de política pública incorrectos para tutelar alguno de estos, como ocurre en Venezuela con los controles de precios para intentar, sin éxito, tutelar la equidad y el acceso a los bienes, destruyéndose bienestar social. Debemos remarcar que existen alternativas de diseño de política pública más eficientes y menos distorsionantes.

4.- El regulador es imperfecto siempre, enfrentado a asimetrías de información.

Respecto a la segunda pregunta, el Gobierno podrá decretar e imponer que la única forma de adquirir todos los productos en los establecimientos y oferentes formales y primarios sea por medio del uso del carnet de la patria y que estas transacciones sólo se validarán si cumplen con los precios regulados, pero lo que no podrá imposibilitar es que la transacción con el carnet de la patria no sea la última transacción y que se formen mercados negros y/o bilaterales donde los consumidores intercambiarán los productos con la intención de construir su cesta de productos finales que mejor se adapte a sus gustos, preferencias y necesidades, creándose un sistema de precios relativos fuera del control.

Lamentablemente, los costos de distorsiones a los incentivos a la oferta primaria de productos como consecuencia de un modelo distópico como este, serían terribles (escasez, falta de variedad, uso ineficiente de recursos, etc.). Alternativamente un modelo de mercado con su sistema de precios y un Gobierno cumpliendo sus funciones eficientes de provisión de bienes públicos y de la infraestructura que garantice la multiplicación de las transacciones, relaciones e intercambios voluntarios generadores de riqueza y bienestar social, sería mucho más eficiente y beneficioso para la sociedad venezolana.

Para difundir esta advertencia sobre el riesgo de este modelo populista “paternalista” y orientarnos hacia un cambio, deben crearse espacios donde se discutan estos temas. La convicción social detrás de un cambio pasa por tomar los temas expuestos, analizarlos, hacerlos públicos y divulgarlos. Esta constituirá la única forma de hacer de los ciudadanos todos, los dolientes últimos de las malas políticas públicas y de fallidos modelos económicos. La política no puede continuar siendo un concurso de promesas populistas. La manera de revertirlo es mostrando y alertando sus costos. Para ello se requiere que en Venezuela se cree un espacio de análisis del impacto regulatorio, donde se realice análisis económico del derecho y de las políticas públicas, donde se genere conocimiento, advertencias y propuestas en materia de Derecho y Economía.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.