La fiebre de los nuevos minerales estratégicos avanza en América Latina

América Latina apunta a la explotación de minerales codiciados por industrias como la tecnológica o la aeroespacial, como el litio y el niobio, aunque aún debe hacer frente a desafíos históricos como la extracción ilegal, la gestión sostenible de los recursos o el reparto equitativo de la riqueza.

La historia de América Latina y el Caribe está intrínsecamente ligada a la industria minera y particularmente a la exportación de materias primas, uno de los pilares de la economía colonial y moderna.

Hoy, la región se mantiene como una de las principales reservas mineras del mundo, con una participación destacada en minerales metálicos como el litio (61%), conocido como el «oro blanco», el cobre (39%), el níquel (32%) y la plata (32%).

Solo Brasil posee cerca del 90% de las reservas mundiales de niobio, mineral que se utiliza para hacer el acero más fuerte y ligero, mientras que Chile y Argentina son dos de los principales depósitos globales de litio.

Chile es un país con raíces mineras y, de hecho, allí se extrae una de cada cuatro toneladas de cobre que se producen en el mundo, lo que lo convierte en líder mundial (casi 5,8 millones de toneladas en 2018) por encima de Perú (casi 2,4 millones).

– El nuevo boom –

La minería latinoamericana apuesta por una diversificación de la cesta de materias primas, con la mirada puesta en minerales como el litio o el niobio, esenciales en el desarrollo de sectores emergentes de la llamada cuarta revolución industrial, marcada por el desarrollo de nuevas tecnologías y la automatización de procesos.

El Salar de Atacama, en el norte Chile, posee las mayores reservas mundiales de litio, básico en la fabricación de baterías para teléfonos inteligentes, tabletas o vehículos eléctricos, aunque el país no es el principal productor, ya que Australia lo superó en 2018.

El director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, atribuye ese «sorpasso» a la regulación chilena, que declaró el litio mineral estratégico y limitó los derechos de explotación a dos empresas.

Esto ha hecho que la industria chilena del litio pierda competitividad frente a países como Australia o Argentina, el tercer productor mundial y donde hay cerca de 40 salares en diversas fases, desde la exploración inicial hasta en etapa de construcción.

«Los presupuestos exploratorios para el litio aumentaron más del 900% en los últimos tres años», dijo la secretaria de Política Minera de Argentina, Carolina Sánchez.

Se prevé que el país alcance en 2024 exportaciones de litio por 1.200 millones de dólares.

El litio también es uno de los proyectos «estratégicos» de Bolivia, donde «la inversión global» asociada a su explotación se aproxima a los 5.000 millones de dólares.

El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, aseguró que unas 14 plantas para tratar sales de litio, materiales catódicos y producir baterías empezarán a operar en el país y cuando estén funcionando plenamente, en un plazo de cinco años, se prevé que generen esa misma cantidad de divisas anuales, aunque el proyecto total eleva su número hasta 40 fábricas.

En cuanto al niobio, un mineral altamente valorado en la industria automotriz o aeroespacial, su producción se concentró en 2017 en los estados brasileños de Minas Gerais y Goiás.

El Banco Mundial (BM) estima que para 2050 la demanda mundial de «minerales estratégicos» crecerá de manera significativa, con «aumentos extraordinarios» particularmente en el caso del litio (965%), el grafito (383%) y el níquel (108%).

«Si bien la creciente demanda de minerales y metales constituye una oportunidad para los países en desarrollo ricos en estas materias primas, también representa un desafío: sin prácticas mineras climáticamente inteligentes aumentará el impacto negativo de las actividades mineras, lo que afectará a las comunidades vulnerables y al ambiente», alertó el BM en mayo pasado.

-Minería ilegal y reto ambiental –

El impulso a los nuevos minerales convive en la región con fenómenos históricos como la «fiebre del oro», ligado en muchas ocasiones a la minería ilegal, que supone una amenaza para la Amazonía de Brasil, donde persiste a pesar de décadas de lucha contra la extracción sin normas.

También en Bolivia está extendida la explotación de oro por cooperativas o asociaciones sin vínculo formal con el Estado.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, cifra en 400 las cooperativas auríferas que operan en los márgenes de los ríos del norte de Bolivia, en parte en zona amazónica.

«La explotación de oro está concentrada en manos del sector cooperativo, casi un 99%», y «evade el pago de tributos», ya que está marcada por la «informalidad» y por condiciones «precarias» de trabajo, explicó el experto.

Este fenómeno también está presente en El Salvador, donde los diputados han dado dos años de plazo (que vencieron en marzo de 2019) a los mineros artesanales y de pequeña escala para que cesen su actividad, aunque estos «no se quieren reconvertir», según Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Brasil, por su parte, cuenta con 321 puntos de minería ilegal en 132 áreas, principalmente en el pulmón verde del planeta, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg).

La minería ilegal se ha expandido también con fuerza en la tierra de los indígenas yanomamis y se estima que hay 20.000 «garimpeiros» o mineros ilegales, casi seis veces más que hace un año, en los estados de Roraima y Amazona, al norte del Brasil.

En Colombia, el río Sambingo, situado en el departamento del Cauca, al oriente del país, prácticamente ha desaparecido por las desviaciones de su cauce hechas por mineros ilegales que lo redujeron a pequeñas lagunas desconectadas entre sí.

Esta actividad también es la principal amenaza para la deforestación de la Amazonía en Perú y responsable de alentar la esclavitud de miles de personas y la explotación sexual en campamentos mineros, además de estar estrechamente vinculada a otros delitos.

«La minería ilegal se benefició en Perú del super-ciclo de precios, que generó también una acumulación económica muy importante para el sector. Lo más grave es que eso se ha traducido en fuerza política con influencia en los poderes locales, regionales y nacionales (…). Donde se implanta, al ser intensiva en el uso de mano de obra, logra legitimidad», explicó José de Echave, investigador sobre la economía de la minería y ex viceministro de Gestión Ambiental.

Este fenómeno ha crecido notoriamente en Ecuador en los últimos años y se calcula en «unos 200 millones de dólares entre cada tres y seis meses» el daño generado por el impacto ambiental y el material extraído, según el ex viceministro de Minería ecuatoriano Henry Troya.

– Conflictos –

Otro desafío asociado a la minería en América Latina son los conflictos sociales con los pobladores locales en zonas mineras.

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation, en Perú, cuando protestas de los agricultores de la zona terminaron con violentos enfrentamientos con la Policía que dejaron cuatro muertos y 300 heridos en 2015.

La tensión social también se sintió en la localidad brasileña de Brumadinho, donde la ruptura de una presa del gigante minero Vale provocó en enero pasado la muerte de 247 personas y otras 23 desaparecidas, tan solo dos años después de un desastre similar ocurrido en la vecina localidad de Mariana.

En México hay que sumar la presencia del crimen organizado en la industria, sobre todo en estados del norte del país, donde existen alianzas entre minerías y grupos del narcotráfico.

Asimismo, la Policía colombiana ha alertado que varios grupos armados dedicados al narcotráfico se han pasado a la minería ilegal por ser esta una actividad más lucrativa: un kilo de oro cuesta hasta 20 veces más que uno de coca.