La guerra empuja a la UE a suspender un año más las reglas de gasto público

El impacto que la guerra de Ucrania tendrá en las economías europeas y en los presupuestos de los socios del club empuja a la UE a mantener suspendidas un año más las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos, a pesar de que la intención era reactivarlas en 2023 para iniciar la consolidación presupuestaria.

Las reglas fiscales llevan congeladas desde marzo de 2020 para que los gobiernos pudieran desplegar ayudas públicas ante la pandemia sin miedo a sanciones, pero estas semanas ha resurgido en la capital europea el debate sobre la conveniencia de recuperarlas, impulsado por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

Antes del conflicto, Bruselas se tiñó de optimismo por el crecimiento económico que los países empezaban a registrar una vez superadas las peores fases de la pandemia, pero la Comisión Europea ya es consciente de que sus últimas previsiones son papel mojado.

«El crecimiento del 4 % que proyectamos para la eurozona este año está fuera de alcance», reconoció el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la última reunión del Eurogrupo, en la que señaló que, a pesar del golpe, la economía no «descarrilará» por la guerra.

Pero la UE sí que descuenta ya que la agresión militar afectará a la recuperación por varios canales, sobre todo los precios de la energía (en plena subida desde octubre), una inflación disparada, mayores precios de alimentos y materias primas y problemas de suministro.

Frente a esto, varios gobiernos han adoptado medidas para mitigar el impacto de la crisis, como el «plan de choque» anunciado por el Gobierno español, que destinará 16.000 millones a contener el aumento de precios de la energía o la vivienda.

La mayor parte de las ayudas públicas previstas buscan suavizar la factura de la luz, lo que tendrá un coste de 13.000 millones de euros para las arcas públicas en Alemania, de 20.000 millones en Francia y 5.800 millones en Italia.

En conjunto, el aumento de gasto o los recortes de impuestos podrían tener un impacto presupuestario de hasta el 4 % del PIB de la UE solo este año, según los cálculos del economista del centro de estudios Bruegel Jean Pisany-Ferry.

A las medidas para amortiguar el precio de la energía a corto plazo se suman gastos para reducir la dependencia de los combustibles rusos, aumentando las reservas ya este año, la ayuda directa a Ucrania, la asistencia a los cuatro millones de refugiados que han llegado a los Veintisiete o el incremento de los presupuestos de defensa.

Incluso todavía sin el contexto de estos programas nacionales, el Ejecutivo comunitario ya abrió la puerta a un año más de suspensión de las reglas presupuestarias a principios de marzo, pocos días después del inicio de la guerra.

En el documento sobre la política presupuestaria a desplegar el próximo año, Bruselas señaló que dada la «incertidumbre» que supone la situación actual, se replanteará la decisión de reactivar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con las nuevas previsiones económicas que presentará el 16 de mayo.

Fue el empujón definitivo para un debate que ya rondaba por la capital europea, pero que ganó protagonismo y que incluso ha hecho posicionarse ya a algunos gobiernos, entre ellos el de Países Bajos, tradicionalmente contrario a una aplicación laxa de las normas.

La ministra neerlandesa de Finanzas, Sigrid Kaag, afirmó recientemente que una prórroga de la suspensión de las reglas fiscales estaría «justificada» por la guerra y además auguró que ésta será la propuesta de Bruselas.

«Se podría esperar que la Comisión esté tentada a una extensión de la cláusula general de escape y creo que las circunstancias lo justificarían», subrayó en una comparecencia con la vicepresidenta económica español, Nadia Calviño, quien, en cambio, prefirió esperar al análisis de la Comisión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sí que ha pedido abiertamente un año más de suspensión de las reglas que limitan el déficit y la deuda, una posibilidad sobre la que ni Kaag ni Calviño esperan un debate «intenso», anticipando un consenso rápido entre las capitales al respecto.

Más difícil de pactar será la reforma de estas normas, que Bruselas reactivó en 2021 tras haber quedado relegada a un segundo plano durante la pandemia. El eje del debate será cómo conjugar la reducción de la deuda, disparada por la pandemia, con la necesidad de seguir invirtiendo en la transición ecológica y, tras la guerra, también en defensa.

Los gobiernos español y holandés presentaron este mes un documento conjunto en el que abogan por relajar las normas y rompen con la dinámica de bloques que ha marcado tradicionalmente el debate entre el norte, partidario de una mayor rigidez, y el sur, defensor de la flexibilidad.

Madrid y La Haya argumentan que los países deberían comprometerse de forma creíble a construir colchones fiscales para la próxima crisis, pero apuestan por hacerlo con estrategias de consolidación «específicas para cada país», «realistas» y «graduales», además de compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo.