La OCDE urge a Colombia proteger por ley a los denunciantes de sobornos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) urge a que Colombia adopte una ley que proteja a los denunciantes de sobornos en el extranjero y se queja del «compromiso limitado» de ese país para luchar contra el cohecho internacional.

En un informe sobre Colombia publicado este jueves tras la misión que realizó allí en junio, el grupo de trabajo de la OCDE sobre cohecho le pide también que se asegure de que se apliquen a las personas jurídicas que pagan sobornos en el extranjero «sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias».

Ahí incluye la posibilidad de confiscar el producto de esas prácticas ilícitas.

A ese respecto, estima que la Superintendencia de Sociedades debería tener capacidad para requisar los sobornos o activos con un valor correspondiente o al menos sanciones monetarias con un efecto comparable contra las entidades responsables, y eso aunque no haya imputación o condena de personas físicas.

También le insta a que mejore la cooperación y la coordinación entre la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación para garantizar un intercambio de información «más eficaz y proactivo» en esos casos.

El grupo de trabajo hace notar que fue en 2018, dos años después de la entrada en vigor de su ley sobre responsabilidad corporativa, cuando Colombia concluyó su primer caso de cohecho internacional con una multa de 1,3 millones de dólares contra una empresa de aguas, filial de una empresa española a la que no se identifica, y que en la actualidad hay 20 que están siendo investigadas.

Por eso habla de «avances alentadores». Pero insiste en que ahora lo que toca es «aumentar la colaboración» entre las autoridades gubernamentales y los organismos públicos encargados de la lucha contra los sobornos para llevar a cabo «una política global» e imponer sanciones contra las personas y empresas infractoras.

La OCDE dice esperar que las investigaciones que la Fiscalía está realizando sobre personas físicas den lugar a una «intensificación de la persecución del delito».

Se muestra también confiada en que las medidas adoptadas para que los revisores fiscales asuman la obligación de denunciar los actos de cohecho internacional puedan favorecer la detección y la sanción de ese delito, aunque puntualiza que habrá que mejorar eso con «mecanismos contra el lavado de activos».

El grupo de trabajo sobre los sobornos internacionales se creó en 1994 para la supervisión de la convención de la OCDE sobre ese tipo de infracciones que hasta entonces estaban cuando menos toleradas por la mayor parte de los países en nombre de la competencia.

En la actualidad hay 44 países que se han comprometido con esa convención, y que están sometidos a evaluaciones regulares.