La propiedad privada: caso sector ganadero en Venezuela

Los derechos de propiedad suelen en ocasiones asegurarse que existen y se respetan en Venezuela. Sin embargo, la mera incertidumbre sobre su respeto –no solo producto de confiscaciones de hecho sino igualmente víctima de controles y regulaciones de precios expoliadoras que resultan confiscatorias- puede tener terribles costos sociales sobre el bienestar social, el crecimiento económico y el progreso.

Los derechos económicos no existen cuando los mismos constituyen una concesión graciosa o discrecional del Estado.

Uno de los sectores cuya complejidad ha solido servir internacional, histórica y académicamente para mostrar la importancia de instituciones jurídicas como los derechos de propiedad privada, es el agropecuario.

Tanto en el caso del rebaño como en el uso de la tierra, los derechos de propiedad bien definidos, así como los esquemas de incentivos correctos, permitirán la inversión y el sostenimiento del rebaño, lo que termina protegiendo a la eficiencia dinámica como bien social.

Lo contrario supone el riesgo de comportamientos oportunistas, destrucción de incentivos intertemporales alineados con generar riquezas y mantener el rebaño; problemas de externalidades negativas y sobre explotación de recursos (expoliación en casos más precisos).

En Venezuela existen series temporales respecto a la producción y al abastecimiento de productos como la carne que permiten validar que previo a un marco institucional y económico tan adverso y hostil como el actual, Venezuela contaba con abastecimiento doméstico.

Por un lado, uno de los atributos de un sistema de derechos de propiedad bien definidos es reducir los costos transaccionales que los agentes económicos enfrentarían a la hora de realizar intercambios y ubicación de los factores y recursos en sus usos más valiosos y alternativos.

Por el otro lado, la internalización que permite los derechos de propiedad bien definidos, no solo de todo efecto potencial externo negativo sino de los beneficios, implican incentivos en favor de la inversión, reinversión, mantenimiento, reproducción de rebaños, etc. Incluso en materia de responsabilidad de daños, el sistema de derechos de propiedad constituye la principal fuente de reconocimiento e identificación de potenciales responsables dependiendo de la regla de responsabilidad que sea utilizada.

Los gremios ganaderos han denunciado que, en sus estados respectivos, las autoridades (gobernaciones) estarían “apropiándose” de hasta 30% del ganado que movilizan, pagándose en condiciones arbitrarias –toda vez que los eventuales “términos de intercambio” no constituyen el resultado de un acuerdo voluntario- a eventuales precios controlados rezagados ante la mayor hiperinflación que haya vivido país latinoamericano.

La sostenibilidad del rebaño se encuentra en enorme riesgo. No solo los derechos de propiedad de ganaderos podrían estar siendo abiertamente violentados, sino que una política expoliadora populista podría estar poniendo en riesgo el rebaño y su valor social entendido como cierta garantía, capacidad y potencial de oferta futura de la carne y derivados.

Evocando el interés público económico, el bienestar social y la eficiencia dinámica, debe protegerse al sector productivo de políticas oportunistas, populistas, miopes, de corto plazo, que terminarán lesionando a la sociedad venezolana.

* Economista UCV. Profesor invitado Universidad de Buenos Aires (UBA). Experto en Regulación Económica y Derecho de la Competencia