La salud mental está en condición crítica en Venezuela

Liz Rodríguez no podía dormir. Tenía ataques de pánico y alucinaciones. En poco tiempo, su estado empeoró y, en dos meses, intentó suicidarse 38 veces. Su madre, Maribel Angulo, de 65 años, la llevó de emergencia a un hospital de Caracas, donde le dijeron que debía ser hospitalizada, pero no podría ser allí, porque el servicio había sido cerrado.

Logró ingresar a su hija, una ingeniera de 30 años de edad, en otro centro. Un mes después, se comunicaron con Angulo para pedirle que la buscara. Debía salir hasta que se curara de la covid-19. Pero luego, al regresar, le dijeron que no podían seguir atendiéndola.

Angulo, que percibe una pensión de 15 dólares al mes, llevó a su hija a un doctor privado, cuyas consultas, que cuestan 60 dólares, las ha pagado con donaciones que varias personas han hecho tras pedir ayuda en redes sociales, mientras que las medicinas las ha conseguido mediante fundaciones.

«Entendiendo que (…) (la mayoría de) la población de este país (…) no tiene cómo cubrir una clínica, (los pacientes) están simplemente puestos a la voluntad de Dios. Si no hubiera llevado a mi hija a una institución privada, mi hija, quizás hoy, estuviera muerta», dijo a EFE.

Venezuela llega a este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con su sistema de salud público en estado crítico, según afirman expertos en la materia.

Hay 48 centros psiquiátricos públicos y, en muchos de ellos, ha disminuido la disponibilidad de camas, se ha deteriorado la infraestructura, hay déficit de personal, intermitencia en la dotación de medicamentos y fallas en los servicios. Además, algunos han cerrado y otros han clausurado los servicios de hospitalización.

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría (SVP), Petra Aponte, dijo a EFE que el «nivel de deterioro que han venido sufriendo los establecimientos públicos en el área de la salud mental» se debe a la falta de recursos, de personal y de mantenimiento.

«La salud mental siempre ha sido el menos tomado en cuenta (en la asignación de recursos)», dijo Aponte, quien señaló que el país también carece de centros de hospitalización psiquiátrica para adolescentes.

En el Hospital Psiquiátrico de Caracas, uno de los más importantes del país, trozos de paredes y techos se caen por la humedad. También hay ventanas rotas, maleza, filtraciones de agua y una fachada en franco deterioro.

La delegada general del Sindicato Único de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunepsas), Celeste Rodríguez, aseguró a EFE que, de una capacidad para 200 camas, solo funcionan 20, debido a que «los espacios no están acordes para albergar la gran demanda» existente.

Por su parte, Peter Contreras, directivo del sindicato de Hospitales y Clínicas, señaló a EFE que el centro sigue abierto gracias a donaciones de medicinas, alimentos, ropa y zapatos, porque, por la parte gubernamental, la ayuda «no está llegando completamente».

Por otra parte, el hospital que recibió por un mes a Liz, según fuentes internas, trabaja a un cuarto de su capacidad. Actualmente, solo tiene operativas 20 camas (la mitad para hombres y la otra mitad para mujeres) de las 79 que debería tener disponibles.

Cerca de este centro público, está ubicado uno privado con capacidad para 14 pacientes en cualquiera de sus tres tipos de habitaciones, de las cuales la más económica cuesta 80 dólares al día, un monto inalcanzable para la mayoría en Venezuela, donde la mitad de la población percibe ingresos inferiores a 150 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

Le siguen las habitaciones «regular» y «suite», que cuestan 130 y 180 dólares, respectivamente, sin incluir honorarios médicos.

La presidenta de la SVP indicó que el gremio médico fue llamado por las autoridades para participar en la discusión de un anteproyecto de ley de salud mental junto con la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV), el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Entre los puntos discutidos, destacó la creación de programas de entrenamiento en salud mental a la red primaria de atención, para que los médicos tengan «la capacidad de reconocer cuándo están ante una depresión, una psicosis, una persona que tiene un riesgo suicida, personas que tiene consumo de sustancia» u otros casos y, de esta manera, se pueda «hacer un primer abordaje».

Aponte confía en que se avance en la creación de una ley, lo que supondrá un paso en la dirección correcta en la «protección de la salud mental», que, por ahora, sigue a la deriva.