Las sanciones de EEUU contra Venezuela: ¿de criticadas a desestimadas?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha invitado a empresarios extranjeros, entre ellos de EEUU, para que inviertan en el sector petrolero.
El oficialismo ha hecho las más férreas críticas contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, por ser las «culpables» de numerosas carencias en el país, una afirmación que, ahora, cerca de las presidenciales, se diluye, al asegurar que estas medidas no impiden el prometido crecimiento de la economía.
En los últimos meses, y con los comicios como telón de fondo, el presidente Nicolás Maduro entregó 52 obras de diversa magnitud en 49 localidades de las diferentes regiones.
«Es una felicidad ver el camino recorrido, la roncha (dificultades) que pasamos y ver cómo vamos mejorando, avanzando, construyendo», dijo el mandatario en su más reciente programa de televisión.
Agregó que el país necesita «grandes cambios y transformaciones» que ya empezaron y que se acelerarán después de una victoria -que Maduro da por hecha- en las elecciones del 28 de julio, en las que el mandatario buscará su tercer sexenio en el poder.
Maduro ha participado, en el último mes, en unos 25 actos de inauguración, rehabilitación o recuperación de escuelas, hospitales, ambulatorios, sedes de facultades universitarias, campos de fútbol, teatros, así como tramos de carreteras o avenidas.
Recientemente, aseguró que tiene «un plan ambicioso» para generar «3.000 megavatios», obtenidos a través de la energía solar, en la región de los Andes venezolanos (oeste) que, reconoció, «es el lugar más golpeado por la guerra eléctrica y las sanciones».
Para lograr esto, añadió, Venezuela tiene una «alianza poderosa» con China, Turquía e India.
Cambios en el discurso
En octubre pasado, el presidente comparó el alcance de los bombardeos en la Franja de Gaza con el de las sanciones internacionales en el país petrolero.
Entonces, dijo que países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea (UE) han impuesto más de 900 sanciones a Venezuela desde 2015, aunque la mayoría de ellas son individuales y personales, aplicadas a funcionarios o políticos oficialistas, sin efectos sobre la economía del país.
Las primeras sanciones a bienes comunes venezolanos las impuso EEUU en 2017, restringiendo las operaciones del Gobierno con entidades, empresas y personas estadounidenses, mientras que la UE solo sancionó a particulares, por lo que las medidas no inciden en la economía del país.
Según Maduro, Venezuela tenía «chorros de riqueza proveniente del ingreso petrolero que se invirtió en vivienda, salud, educación, seguridad social» y «en salarios», pero esto, dijo, «se vino abajo» con las medidas coercitivas.
En abril de este año, EEUU revirtió parcialmente el levantamiento de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano, tras seis meses de alivio, por incumplir Venezuela sus compromisos electorales con la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
En junio pasado, Maduro aseguró que el país superará la «guerra económica», así como las sanciones, una afirmación que ha hecho constantemente, insistiendo en que la economía crecerá un 8% este año.
Sin embargo, a comienzos de año, dijo que las sanciones han causado un «genocidio económico», con la pérdida de 642.000 millones de dólares por «productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron».
Que vengan los inversionistas
El Gobierno, con las elecciones a la vista, continúa con firmas de convenios con diversos países, como Turquía, así como con la invitación a inversionistas para que hagan negocios en Venezuela.
Maduro ha invitado a empresarios extranjeros, entre ellos de EEUU, para que inviertan en el sector petrolero porque -asegura- la seguridad energética del mercado internacional y las oportunidades están en la nación caribeña.
Además, dijo recientemente que firmó contratos con países -sin especificar cuáles- del grupo de economías emergentes Brics para invertir en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos.
Dio esta información frente a decenas de trabajadores de estas empresas, a quienes les pidió un «voto de confianza» para llevar a cabo este plan, con el que promete impulsar el desarrollo de esta corporación, cuya producción y rentabilidad se redujo en la última década.
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