Legitimidad

La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia, tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes, tiene que haber respeto a la Constitución y a los DDHH.

El 10 de enero terminan de caer las máscaras y desaparece cualquier vestigio de legitimidad.

La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Sólo el Poder Legislativo, electo mediante el voto directo del pueblo, dispone hoy de legitimidad de origen, aunque el régimen le ha arrebatado sus facultades. También el TSJ designado por la AN cuenta con plena legitimidad.

La legitimidad de origen no puede ser el resultado de unas elecciones convocadas al margen de la Constitución y en las cuales se impuso el punto de vista sostenido por Stalin, “Qué importa quien vote. Lo que importa es quien cuenta los votos”.

En cuanto a la legitimidad de desempeño la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.

“Dictadura” -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Wikipedia complementa la definición al agregarle que la Dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”

«Le pouvoir arrête le pouvoir» sostenía Montesquieu (1689-1775). «El poder frena el poder». Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder Electoral o el Ciudadano frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?

En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704) filósofo inglés del Siglo de las Luces que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.

Coincidía con James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de EEUU, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía: «La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos … puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía». Los padres fundadores de los EEUU, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los Poderes dominase a las demás.

Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la Democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:

«Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos».

Mal podría hablarse en Venezuela de «derechos humanos y libertades fundamentales», cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 300 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA y denunciadas ante la Corte Penal Internacional por varios Estados signatarios del Estatuto de Roma, entre los cuales se cuentan Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, denuncia a la cual se sumaron países como Canadá y Francia.

En estos momentos decisivos de nuestra historia, a la comunidad internacional le corresponderá un papel fundamental en lo que habrá de ocurrir en Venezuela.

El país comienza el año 2019 en medio de una brutal crisis económica, con la mayor hiperinflación del mundo, una caída del PIB sin precedentes, un aparato productivo y una industria petrolera destruidos, sin recursos para pagar su deuda externa, una escasez de alimentos y de medicinas a nivel de crisis humanitaria, con más de 3 millones de sus ciudadanos que han migrado para buscar en otras tierras lo que la suya propia le negó y para colmo de males en manos de un gobierno que ya no cuenta con legitimidad.