León Arismendi (Inaesin): Trabajadores vieron deteriorar aún más su poder de compra en el 2020

De acuerdo con el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), el año 2020 cerró con un balance devastador para los trabajadores que vieron deteriorar aún más su poder de compra con sueldos de hambre, en un contexto hiperinflacionario, de dolarización de facto de la economía y de colapso de servicios públicos, que empeoró la calidad de vida al punto de llevar a algunos al suicidio.

El salario básico inicial de las tablas de la administración pública es de Bs.1.200.000 que, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela vigente al 30 de diciembre, de Bs.1.089.058, equivale a US$1,10 al mes. El monto está muy por debajo de la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial de US$1,90 al día”, dijo León Arismendi, director general del Inaesin.

«Un país en ruina», así cierra el país el 2020 para Arismendi, sin añadir la crisis sanitaria que vivió el mundo producto de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

Además, señaló a Banca y Negocios que el país experimentó «lo peor que le puede pasar a una nación», la pérdida del valor del trabajo, «por lo que es sintomático de todo lo que se ha vivido».

«Los actores deberían actuar con objetividad y admitir que (sus medidas) has traído ruina al país», expresó al tiempo que se afirma que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro fue el responsable de acabar con el valor del trabajo. “Jamás el salario real había caído a los niveles impensables de hoy».

En el caso de los educadores al servicio del Ministerio de Educación, la escala de sueldos comienza en Bs.1.480.734 (US$1,35) y el de los profesores universitarios en Bs.2.822.990,91, que equivalen a US$2,59, afirma el directivo.

“A falta del decreto oficial que lo fije en Bs.1.200.000, el salario mínimo nacional sigue siendo de Bs.400.000 (US$0,36)”, indica Arismendi, también abogado laboralista.

En nota de prensa, el Inaesin refiere que el sueldo básico mayor de las referidas escalas, en promedio, es inferior a 5 dólares mensuales, cuando el costo de la Canasta Básica Alimentaria, medida por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) se ubicó en noviembre en Bs.247.289.343,86 o US$247,28 al tipo de cambio de Bs.1.000.000/$, aproximadamente.

Arismendi señala que “los trabajadores de la salud (obreros, empleados, médicos, enfermeras y demás categorías profesionales), que han tenido que enfrentar, además, la pandemia del coronavirus (COVID-19), han visto derrumbarse sus condiciones de vida a niveles incompatibles con los derechos humanos fundamentales”.

La precariedad de los servicios de salud pública, el colapso de los servicios públicos en general y el monto de las pensiones de vejez (US$1,10) completan el deplorable estado de la clase trabajadora venezolana, lo que ha llevado a algunos trabajadores de distintos sectores a quitarse la vida al verse imposibilitados de hacerle frente a los gastos más básicos.

Maduro, quien se llama el presidente obrero, viola la Constitución en su artículo 91: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

Los trabajadores del sector privado perciben leves mejoras en su remuneración, como resultado de la supresión de algunos controles estatales y cierta liberalización del mercado, observa Arismendi.

Sin embargo, no hay conocimiento de cuánto es el salario promedio de los trabajadores en la industria que está funcionando. Se mantiene el contraste con las ganancias que perciben las personas que trabajan por cuenta propia, como el caso de técnios o mecánicos, frente a las remuneraciones de los trabajadores del sector público que a pesar de no contar con un salario justo, sí reciben los beneficios colaterales asociados al trabajo como las prestaciones sociales y la caja de ahorro.

Además, reconoció que algunas empresas públicas compensan con alimentos a sus trabajadores, lo que funcionado para aliviar la situación de crisis.

Para el director general del Inaesin, las sanciones económicas y financieras internacionales impuestas a Venezuela, no deben seguir siendo la excusa del gobierno para justificar el fracaso de sus políticas, que hundieron la economía a una cuarta parte de lo que era en 2013.

Asimismo, señala que la represión, persecución y cárcel para trabajadores y dirigentes sindicales no puede ser la respuesta a sus válidas demandas.

“No se debe seguir negando lo obvio. Para que tengamos paz duradera, bienestar y progreso es indispensable un gran acuerdo nacional que permita contar con una economía productiva, que cree empleos y le devuelva al trabajo su valor, de modo que el salario, las prestaciones sociales y la seguridad social recuperen su razón de ser”, puntualizó Arismendi.

Para Arismendi, no hay una señal positiva en Venezuela dada la pulverización del salario, salvo la dinámica del sector privado. Sin embargo, las cosas propende a seguir empeorando porque la perspectiva es muy oscura.

«La economía venezolana es exageradamente estatista (…) Aquí no hay señales de admitir que las cosas están malas (por parte del gobierno)», apuntó en entrevista con Banca y Negocios.

Teniendo en cuenta, por ejemplo, la realidad que viven los docentes en el país y el costo del pasaje del transporte público, prácticamente no hay estímulo para ir al trabajo, precisó Arismendi.

«Para que el país se recupere es necesario que haya confianza y un ambiente favorable a las inversiones. Si eso no se reconoce, no se recuperarán las remuneraciones», agregó.

Además, señaló que «la base del crecimiento económico tiene que descansar sobre la recuperación del valor del trabajo», pero para eso tienen que existir inversiones y «el Estado no tiene con qué».

– Sindicatos fragmentados –

Para el director del Inaesin, las asociaciones sindicales se han fragmentado y no se han fortalecido en el país.

Lo que ha habido, explica Arismendi, es una dispersión muy grande con la hostilidad por parte del Estado con esas organizaciones. Lo que creó el Estado es un sindicalismo de adorno, cuando en tiempos anteriores se vendió como un gran avance y se prometió mayor participación en los procesos.

En tal sentido, Arismendi considera que tiene que haber un esfuerzo consistente en el replanteamiento de los temas sindicales y abordar la problemática desde sus bases.

«A pesar de ser un proceso lento, hay que apretar el paso porque el riesgo de que la fragmentación aumente es muy grande y por lo tanto es urgente adoptar programas para rescatar la fuerza sindicalista y el valor del trabajo», manifestó.

Finalmente, afianzó que habrá más sindicalistas que se tomarán la tarea de alzar su voz, El sindicalismo tiene que plantearse sus tareas y programas desde su propia perspectiva. Los sindicatos son y tinen que ratificar su autonomía y no pueden estar subornidas a las fuerzas políticas. El año que entra tiene que asumir sin rincon y con optimismo.