Un policía condenado en Venezuela por los sucesos relacionados con el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez fue liberado este lunes 16 de febrero, tras 17 años y 10 meses de cárcel, informaron activistas de derechos humanos y dirigentes opositores.
Arube Pérez fue detenido en 2003 y condenado seis años después por homicidio y uso indebido de armas de fuego, vinculado con tiroteos ocurridos durante una multitudinaria manifestación opositora desviada al palacio presidencial de Miraflores que derivó, el 11 de abril de 2002, en la salida del poder, por unas horas, del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). La oposición lo consideraba un «preso político».
«Ya en libertad plena el preso político Arube Pérez, tras cumplimiento completo de la pena impuesta de 17 años y 10 meses», informó la ONG FUNDEPRO.
El diario venezolano El Carabobeño publicó un video en redes sociales en el que se observa a Pérez reunirse con su familia tras salir de la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.
«Aún faltan tres por liberar», dijo la dirigente opositora Delsa Solórzano.
En su momento, Pérez fue condenado junto con otros ocho funcionarios de la disuelta Policía Metropolitana de Caracas, de los cuales tres siguen presos, condenados a la pena máxima en Venezuela: 30 años de prisión.
El fin de semana se habían producido otras excarcelaciones en el país.
El sábado fueron liberados 12 de 13 indígenas de la etnia pemón detenidos a finales de 2019, acusados de un asalto a un cuartel en Gran Sabana, estado Bolívar, que dejó un militar fallecido. Uno de ellos, Salvador Franco, murió el pasado 3 de enero en la cárcel, en un caso en el que activistas denunciaron falta de atención médica.
El domingo fue el turno de cinco activistas de la ONG Azul Positivo, dedicada a la prevención y atención del VIH, que habían sido arrestados el 12 de enero señalados, entre otros delitos, por legitimación de capitales y asociación para delinquir, cargos que esta organización rechazaba.
La ONG Foro Penal, crítica del presidente socialista Nicolás Maduro, denuncia que hay en Venezuela más de 300 «presos políticos».
Ese señalamiento es negado por el gobierno de Maduro.
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