Los dos meses de protestas que transformaron a Nicaragua
La imagen de Nicaragua de país seguro, con un clima favorable para la inversión extranjera y una economía en crecimiento, se desdibujó en dos meses de protestas antigubernamentales que exigen la salida del presidente Daniel Ortega, quien ha respondido con mano dura a sus opositores.
La Nicaragua que parecía abandonar su condición de país más pobre de Centroamérica, comenzó a derrumbarse el pasado 18 de abril, cuando estudiantes tomaron las calles para protestar por una fallida reforma al seguro social.
La dura represión por parte de las fuerzas del orden y las supuestas acciones armadas de grupos civiles progubernamentales extendieron las protestas a otros sectores de la población, que salieron a manifestarse contra Ortega, de 72 años, señalado también de corrupción y nepotismo.
El acuerdo logrado el viernes con la oposición, en un segundo intento de diálogo desde que se desataron las protestas y gracias al cual el gobierno aceptó invitar a organismos de derechos humanos al país, es «positivo», según opositores, aunque prevalece la desconfianza.
La solución a la crisis «la veo muy confusa, muy improbable», dijo sin embargo a la AFP el escritor Sergio Ramírez. «Escucho poca voluntad del gobierno en el diálogo a reconocer o por lo menos hacer un acto de contrición de los crímenes y buscar solución».
Con ese acuerdo «Ortega tuvo que retroceder, por lo menos en el papel. El peligro no ha pasado, el nunca cumple» y la prueba son los ataques a barrios de la capital este sábado, dijo la dirigente del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.
Ortega, en el poder desde 2007 junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es acusado de haber copado todos los poderes del estado y de utilizar su control sobre los tribunales de justicia para anular a la oposición.
Las calles de Managua y otras ciudades están bloqueadas con adoquines, árboles talados, vallas o lo que sirva para impedir el paso a las camionetas de antimotines, fuerzas paramilitares y grupos afines al gobierno.
Por las noches las balaceras, la detonación de morteros y el repique de campanas en las iglesias son avisos de ataques de esos grupos, de acuerdo con testimonios, ante cuyo accionar ciudades como Masaya, vecina a la capital, han cerrado todos sus accesos para intentar frenar las muertes, los saqueos e incendios de comercios.
En las carreteras, largas filas de camiones -de Guatemala a Panamá- en tránsito por Nicaragua, están retenidos por el bloqueo de las vías como forma de presionar al gobierno a cesar la represión, explicó la líder campesina Francisca Ramírez.
La economía, que crecía entre 4,5% y 5% anual los últimos años, proyecta pérdidas de 800 millones de dólares y de unos 90.000 empleos para 2018, estimó el economista independiente Néstor Avendaño.
Los tiroteos, asaltos y hasta los secuestros por grupos irregulares, principalmente por las noches, alejan de las calles a la población para resguardarse en sus casas desde las 18H00 locales, un virtual toque de queda.
En ciudades como Granada, 56 km al sureste de Managua, y otros sitios turísticos, los visitantes desaparecieron y numerosos pequeños negocios cerraron, según dirigentes del sector.
– Resistencia cívica –
«La gente está en las calles en un ejercicio que, por primera vez en la historia, busca una transición de un régimen dictatorial a uno democrático con una resistencia cívica», dijo a la AFP el excandidato presidencial por el disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Edmundo Jarquín.
A su juicio, las circunstancias apuntan a que la salida de Ortega del gobierno «es inevitable y entre más pronto sea, mejor».
El gobierno pretende recuperar «la convivencia» que había antes de las protestas, porque quiere «la paz en todos los municipios de Nicaragua donde de alguna manera hay discordia», ha dicho la vicepresidenta Murillo.
Jarquín consideró «inevitable» que la población respondiera a los «desmanes» del gobierno. Aunque «realmente nos tomó por sorpresa el momento en que se dio», aseguró.
El 21 de abril, Ortega intentó frenar las protestas al retirar la reforma al seguro social y llamar a un diálogo con mediación de la iglesia católica, pero continuó la represión a estudiantes que se atrincheraron en universidades, mientras el número de muertos no ha parado de subir.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza 170 muertos y 1.400 heridos desde el inicio de las protestas.
– «No hay ninguna señal» –
Ortega llegó al poder en 1979 en andas de una revolución armada que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza y fue desalojado en una elección popular en 1990.
Luego de 16 años en la oposición, se instaló de nuevo en el gobierno en 2007, y en sus 11 años en el poder mantuvo a raya toda manifestación opositora.
Forjó una alianza con los empresarios que le permitió impulsar reformas económicas y políticas, pero éstos lo abandonaron en medio de las protestas y han demandado el cese de la represión.
«El gobierno apostó que estas protestas las iba a terminar en cuestión de días, de semanas, pero ya llevan dos meses y no hay ninguna señal de desfallecer esta resistencia cívica», apuntó Jarquín.
El escritor Sergio Ramírez consideró que la población «no quiere más derramamiento de sangre, quiere un cambio político», pero advirtió que no se ve una salida rápida a la crisis.
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