Los obstáculos que enfrenta una reestructuración de la deuda venezolana

El sorpresivo anuncio del gobierno venezolano de iniciar una reestructuración de la deuda externa se produce en un momento complicado para el país, por lo que para lograr esa meta tendrá que sortear una serie de obstáculos que van desde asuntos domésticos hasta relaciones internacionales.

Rich Cooper, socio principal del grupo de reestructuración de Cleary Gottlieb, señaló a Reorg Latam que «entre las sanciones de los Estados Unidos y las políticas que han seguido, (el gobierno) tiene pocas opciones realistas para reestructurar su deuda».

* La Asamblea Nacional. El artículo 150 de la Constitución venezolana establece que todos los contratos de interés público deben contar con el aval del legislativo, órgano de poder actualmente ignorado por el Ejecutivo bajo el argumento de que está en desacato, medida dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Si no negocia con la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, el gobierno tendría que recurrir a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legalidad está ampliamente cuestionada por la comunidad internacional.

Mark Walker, de la firma Millstein, asegura que los tenedores de bonos no estarán dispuestos a negociar con un régimen si existe el riesgo de que los valores que reciben en una reestructuración puedan ser impugnados por un gobierno posterior debido a la falta de autoridad legal.

* Las sanciones estadounidenses. En un proceso de reestructuración lo natural es ofrecer nueva deuda para extender los plazos de pago. Es decir, un bono que vence en 2018, se cambia por otro que venza en 2022, por poner un ejemplo. Sin embargo, los bonos venezolanos y de Pdvsa están regulados por las leyes estadounidenses y ese país prohibió la emisión de nuevos papeles de ambas entidades por un plazo mayor a 30 días. Este es un gran obstáculo para negociar, pues no se ha informado cómo hará el gobierno para evadir ese proceso.

Tareck El Aissami, designado por el presidente Nicolás Maduro para presidir la comisión que dirigirá la operación, se encuentra directamente sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, ante lo cual, es imposible que pueda realizar cualquier tipo de negociación en territorio estadounidense (donde se encuentra la mayor porción de tenedores de deuda venezolana), pues carece de visa para trasladarse.

El objetivo de la comisión será sentar «las bases que garanticen un diálogo verdadero y transparente entre el gobierno y los tenedores nacionales e internacionales a los fines de buscar fórmulas que permitan de manera estructural y conjunta superar las sanciones imperialistas que atentan contra el desenvolvimiento financiero interno y externo del país», señaló El Aissami en un comunicado que leyó este viernes.

Además del vicepresidente, la comisión presidencial está integrada por Wilmar Castro Soteldo (vicepresidente para el área económica), Simón Zerpa (ministro de Economía y Finanzas, sancionado por Estados Unidos con visa revocada), Ricardo Menéndez (ministro de Planificación), Eulogio Del Pino (Ministro de Petróleo), Reinaldo Muñoz (procurador general) y Nelson Martínez (presidente de Pdvsa). Excluye al presidente del Banco Central de Venezuela y la mayoría de sus integrantes sin experiencia financiera.

«Además de tratar de aislar sus activos y flujos de efectivo de los acreedores, el Gobierno tiene pocas opciones más que esperar que se levanten las sanciones y tratar de evitar hipotecar aún más el futuro de la nación mediante la monetización de activos en términos desfavorables», apunta Cooper.

* La crisis interna. Las perspectivas económicas del país no son nada alentadoras y las señales de cambios que ayuden a resolverla son escasas. Los inversionistas esperarían ver un plan para la recuperación de la producción petrolera y de la economía en general, pero el gobierno ni siquiera ha hecho público el presupuesto de la Nación para el año 2018.

Preocupan las cifras que se siguen observando en la producción petrolera, fuente fundamental de divisas para la economía y sin lo cual la recuperación deseada se sigue alargando. Con base en las cifras emitidas por la OPEP, la producción volvió a caer por décimo segundo mes consecutivo en septiembre, pasando a 2,09 millones de barriles por día (caída de 0,7%, equivalente a 15.000 barriles día). Lo anterior implica que en el último año, la producción ha caído en 249 mil bd (-10,7%), es decir, cerca de $3.000 millones menos de ingresos si la producción se hubiese mantenido estable con respecto a septiembre de 2016.

Además de esto, Venezuela ha comprometido parte de su producción con préstamos realizados de forma bilateral con China y Rusia.

La firma Aristimuño Herrera & Asociados estima que 2017 será el cuarto año consecutivo de caída del Producto Interno Bruto (PIB) y proyecta que 2018 será el quinto con una baja en el crecimiento de 8,1%. Esto unido a una inflación que ya supera los cuatro dígitos y que esperan termine este año en 1.237%.