Luego de medio siglo | Cuba autoriza las primeras 32 empresas privadas
Tras de 50 años de la nacionalización de todos los negocios particulares por Fidel Castro, en Cuba vuelve a operar la micro, pequeña y mediana empresa privada (mipyme), con una reforma estructural de larga espera y que podría cambiar radicalmente las reglas del juego de la economía centralizada en la isla, según expertos.
Luego de diez días de la entrada en vigor de la ley de la presentación de las primeras solicitudes, el miércoles, el Gobierno aprobó las primeras 35 mipymes, 32 privadas y 3 estatales, la mayoría enfocadas en la producción de alimentos (13), la manufactura (6), actividades de reciclaje, de carácter tecnológico y proyectos de desarrollo local.
Las nuevas empresas, que se van a constituir como sociedades de responsabilidad limitada (SRL) podrán tener hasta 100 trabajadores y tendrán derecho a acceder a créditos y fuentes de financiamiento, pero sus actividades de importación y exportación las tienen que realizar por intermediación de una empresa estatal.
Además la ley impone límites a las actividades profesionales. Es decir, los contadores, abogados, arquitectos e ingenieros, entre otros, no pueden asociarse y constituir empresas para brindar sus servicios, algo muy criticado por los economistas.
Esta reforma clave para la economía cubana era legalmente posible desde el VI Congreso del Partido Comunista (2011), pero fue retrasada por razones que nunca fueron explicadas y que posiblemente tienen que ver con el temor de las autoridades a perder el control y el monopolio del Estado sobre la economía.
Las mayoría de economistas consideran que las leyes recién aprobadas son un «paso positivo», encaminado a incrementar las producción y favorecer una economía mixta, en la que la iniciativa privada está llamada a jugar un papel cada vez más importante.
«Es una nueva visión, y creo que puede ser muy beneficiosa para el país» aseguró el economista Omar Everleny.
Everleny destacó el hecho de «aceptar la pequeña empresa privada casi 54 años después de la nacionalización de todas estas empresas durante la Ofensiva Revolucionaria».
En 1968, Fidel Castro arremetió contra los dueños de los negocios privados que habían sobrevivido al triunfo revolucionario en 1959.
En esa oportunidad fueron confiscados 55.636 pequeños emprendimientos, muchos operados por una o dos personas. Entre ellos 11.878 comercios de víveres (bodegas), 3.130 carnicerías, 3.198 bares, 8.101 establecimientos de comida (restaurantes, friterías, cafeterías, etc.), 6.653 lavanderías, 3.643 barberías, 1.188 reparadoras de calzado, 4.544 talleres de mecánica automotriz, 1.598 de artesanía y 3.345 carpinterías, refiere El País.
Everleny considera que volver a las pymes es «un paso en la dirección correcta», sin embargo, resaltó que todavía se mantienen numerosas limitaciones y restricciones que pueden enlentecer y dificultar el trabajo de los nuevos actores económicos, lastrando el efecto positivo de la medida.
«No hay tiempo, el país no tiene tiempo para lograr que las generaciones actuales y futuras vean los beneficios, pero se actúa como si el tiempo fuera infinito. El Estado debe tener mayor flexibilidad, no seguir trabajando como en el pasado», explicó.
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