Maduro pide la anulación de sanciones de UE ante la justicia europea
El gobierno de Nicolás Maduro defendió este viernes ante la justicia europea su recurso contra la anulación del embargo de armas impuesto por la Unión Europea (UE) en 2017, al considerar las sanciones contrarias al derecho internacional.
En noviembre de 2017, la UE impuso su primer paquete de sanciones consistente en prohibir la exportación de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión interna, por el deterioro de la situación en Venezuela.
«El reglamento puso fin a todas las transacciones comerciales» de armas, municiones y material militar con Venezuela, subrayó ante el Tribunal de Justicia de la UE el abogado del gobierno venezolano, Fabrizio Di Gianni.
De los 76 millones en 2016, estos intercambios comerciales entre la UE y Venezuela pasaron a los 59 millones en 2017 y a cero en 2018, precisó el letrado durante la audiencia celebrada ante la corte con sede en Luxemburgo.
El gobierno de Nicolás Maduro recurrió la decisión de la UE en febrero de 2018 al asegurar que se vulneró su derecho a ser oído, que no justificó debidamente la decisión y que existen errores de apreciación sobre los hechos.
Las sanciones son «contramedidas ilícitas conforme al Derecho internacional consuetudinario», defiende Caracas en su recurso contra las sanciones adoptadas tras la muerte de 125 personas en 2017 en cuatro meses de violentas protestas opositoras.
La agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, defendió este viernes ante los magistrados el reglamento adoptado «en respuesta al deterioro de la democracia, del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela».
La defensa del recurso se produce con la crisis en Venezuela en su punto álgido, después que el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se proclamara presidente interino del país y recabara el reconocimiento de 40 países.
El TJUE, cuyo fallo llegará en los próximos meses, también deberá abordar los recursos presentados por 10 de los 18 funcionarios a los que la UE impuso la prohibición de visados y la congelación de activos en el bloque, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
A diferencia de Estados Unidos, los europeos evitaron imponer sanciones contra sectores económicos del país para evitar agravar, en su opinión, la crisis humanitaria que sacude el país.
El gobierno venezolano culpa a las sanciones del «grave bloqueo económico, financiero y comercial» que afecta a su población, en palabras en enero de Rodríguez, para quien esto afecta a su posibilidad de «adquirir medicamentos, alimentos».
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