Maduro y Guaidó se enfrentan por una empresa que el chavismo siempre despreció

Antes del «Arco Minero» existían «Las Cristinas», un yacimiento aurífero que contiene reservas probadas superiores a 55 millones de onzas troy del mineral, lo que lo convierte en una de las mayores minas de oro del planeta. En una primera etapa, el país iba a recibir unos 1.500 millones de dólares líquidos al año por esta concesión.

Una errática estrategia de concesiones, estatizaciones y vuelta a las concesiones es la razón por la cual Crystallex, una minera canadiense que atraviesa un proceso de quiebra, puede quedarse con una parte de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos.

Cuando el ex presidente Hugo Chávez llegó al poder la concesión de «Las Cristinas» estaba en manos de la ya desaparecida minera canadiense Placer Dome, que fue desplazada por la CVG en 2001. En 2002, Crystallex obtuvo el permiso para operar la mina, realizó inversiones, montó infraestructura, pues este era el proyecto más importante de la empresa; sin embargo, en 2008 «llegó el comandante y mandó a parar».

Chávez estatizó el proyecto y expropió los activos. Más adelante entregó la concesión a la minera china Citic, una alianza que no pasó del levantamiento de prospecciones. A partir de 2016, el yacimiento es administrado por un joint venture entre el gobierno y la minera Gold Reserve. De lo que pasa con esta concesión se sabe poco.

Como la estatización fue un «golpe noble» a su sostenibilidad, Crystallex demandó al Estado venezolano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que, en 2014, falló en contra del Estado y le ordenó pagar 1.200 millones de dólares como indemnización a la canadiense.

Esta es la historia de una controversia que hoy ha llegado a lo que parece un nuevo e incierto comienzo en una corte de Delaware, donde el directorio de Citgo designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, actuando como mandatario interino de la República, intentará lograr que el litigio con Crystallex sea parte del manejo global de la deuda de la empresa, y se despeje el peligro que implica la ejecución de la sentencia del CIADI, si finalmente el tribunal lo acuerda.

Pero, el caso Citgo es hoy no solo una disputa legal, sino una intensa batalla política entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

Por un lado, Maduro denuncia una estafa, una acción de delincuencia organizada del líder parlamentario en «conchupancia» con Estados Unidos. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, llegó a afirmar que Crystallex no tenía la concesión, sino un contrato de servicios y, obviando el largo proceso del CIADI, dijo que el procurador especial designado por Guaidó, el abogado José Ignacio Hernández, preparó el caso para Crystallex ante el juzgado de Delaware.

Hernández, a quien ya persigue el fiscal designado por la ANC, Tareck William Saab, por «traición a la patria», aclaró que él preparó una opinión legal en 2017 como jurista independiente donde fijó criterio sobre la legalidad del proceso de expropiación.

Rodríguez y Maduro también olvidan que esta misma administración reconoció la reclamación y acordó un pago por cuotas con la minera canadiense en 2018, del cual se habría hecho un primer pago de 452 millones de dólares en «valores líquidos», pero hasta ahí. Por esta razón, la empresa reinició el proceso.

– El compromiso con Citgo –

Por otra parte, el compromiso de los gobiernos chavistas con la propiedad de Citgo no ha sido tan fuerte como ahora parece, cuando Maduro hace llamados a la «unidad nacional» para proteger a este activo, considerado estratégico por el liderazgo de la «vieja» Pdvsa, pero no para el chavismo que ha manejado diversas hipótesis de venta.

En 2014, el ex ministro Rafael Ramírez dijo que venderían la filial estadounidense cuando encontraran una oferta conveniente. En aquel momento, el objetivo era obtener un precio paquete de 12.000 o 13.000 millones de dólares.

Por años, el ex presidente Chávez y su factótum petrolero, el fallecido ex ministro y embajador Alí Rodríguez Araque, dijeron que Citgo no había dado un dólar de dividendo a Venezuela y que no refinaba crudo nacional; de hecho, la administración de Chávez vendió al menos cuatro refinerías y 6.000 estaciones de servicio de Citgo para salir de la corporación por partes, en función de gestionar la polémica causada por la decisión.

En concreto, la estrategia de desmontar la apertura petrolera y reducir la refinación de crudo en el exterior hizo que Venezuela perdiera 700.000 barriles diarios de capacidad de procesamiento de crudo pesado en el exterior, y ahora solo queda 1.360.000 b/d.

Seguramente, de no mediar la crisis política y económica actual, Citgo ya no sería propiedad de Pdvsa. Ahora resulta que es un trofeo valiosísimo. Hay que recordar que la filial estadounidense de la petrolera estatal fue comprometida como garantía para el Bono Pdvsa 2020 y un préstamo con la rusa Rosneft. Así no se trata el patrimonio de «futuras generaciones de venezolanos».

– Del dicho al hecho –

Mientras Maduro convoca incluso a los empresarios y opositores «honestos» a acompañarlo en una campaña internacional para denunciar el «robo» de Citgo, parece que el equipo de Juan Guaidó es el que tiene la única carta de triunfo que queda, una vez que el tribunal de Delaware decidió hacer lo que tanto trató de evitar Crystallex: reabrir el caso y permitir a la gestión interina reconocida por Estados Unidos presentar sus alegatos.

Lo cierto es que, de cara al desarrollo del proceso judicial en Estados Unidos, Maduro parece haber quedado fuera de juego. Ya no tiene el control de la empresa en su jurisdicción natural y la directiva de Pdvsa, presidida por Manuel Quevedo, está inhabilitada por las sanciones.

El objetivo de preservar Citgo es evidente. Desde la apertura petrolera en los años 90 quedó claro que el mercado estadounidense debía ser objetivo preferente de la industria petrolera nacional, por razones geográficas, de volumen de demanda y sostenibilidad económica. Esta empresa será, en consecuencia, una herramienta estratégica en el proceso de rescatar una industria que, según S&P Global Platts, podría terminar con una producción de 750.000 barriles/ día en 2020.

El chavismo temía las sanciones desde hace muchos años, era un escenario probable si la idea era imitar a Cuba, pero con petróleo. Ahora se están pagando las consecuencias cuando hasta los mejoradores de la Faja Petrolera del Orinoco, que costaron en su momento alrededor de 5.000 millones de dólares por unidad, son desmantelados para producir un crudo mezclado para exportar quizás no más de 350.000 barriles diarios, básicamente para pagar deudas con China y Rusia.