Magnate mexicano declara este miércoles compra de español Banco Popular

El magnate mexicano Antonio del Valle declara este miércoles en la Audiencia Nacional española en calidad de investigado por las supuestas irregularidades en las últimas dos gestiones del español Banco Popular, entidad que el empresario habría estado interesado en comprar, según afirmó el expresidente del banco Ángel Ron.

Aunque dicha versión ha sido puesta en tela de juicio por varios exconsejeros, como la que fuera presidenta del comité de nombramientos, Reyes Calderón, las partes previsiblemente preguntarán a Del Valle por sus intenciones, así como por su presunto interés en que Ron abandonara el Popular.

Al margen de su contenido, la intervención del mexicano, que llegó a ser principal accionista individual de la entidad con un 4,2 % del capital, es de las más esperadas ya que, aunque en esta causa figura como investigado, está personado en la vía administrativa, tanto en España como en Europa, como perjudicado por la resolución del banco.

De hecho, los ministerios españoles de Justicia y Economía, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supervisor bursátil español, y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recientemente acordaron defender los intereses nacionales ante las denuncias presentadas por Del Valle, que junto a otros accionistas reclaman 470 millones de euros en un arbitraje internacional.

En el marco de la presente causa, iniciada en octubre de 2017 a raíz de la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos consejos de administración del Popular, Ron señaló al magnate mexicano como promotor de su salida al frente de la entidad.

El expresidente del banco explicó que detrás de su cese estaban Reyes Calderón y el propio Del Valle, que orquestaron el relevo con total falta de transparencia, llegando a mantener reuniones a las que él no fue convocado.

Asimismo, acusó al empresario mexicano de servirse de la prensa en su beneficio y de amenazarle para que abandonara el banco, e incluso aseveró que éste quería quedarse a toda costa con el Popular, a lo que le sugirió que si esa era su voluntad lanzara una opa.

El caso se remonta a 2017, año en el que Europa, a través de la Junta Única de Resolución (JUR), resolvió el banco dada su situación de «quiebra o próxima a la quiebra», y acordó su posterior venta a precio de saldo al Banco Santander.

La decisión desencadenó una oleada de acciones legales por parte de los accionistas y tenedores de deuda subordinada, afectados por la reducción a cero de sus inversiones, que llevaron la operación ante los tribunales españoles y comunitarios, incluida la vía penal.