Marcar el salario mínimo en otra moneda: El poder adquisitivo del venezolano, arrastrado por la devaluación
El Gobierno, por su parte, insiste en que las sanciones internacionales impuestas contra el país -en especial, por Estados Unidos- han afectado su capacidad para pagar mejores salarios y garantizar los derechos de los trabajadores.
El salario mínimo en Venezuela, que ha aumentado desde hace un año de 7 bolívares (1,60 dólares) a 130 bolívares (29,68 dólares), se ha reducido desde entonces un 82% en su equivalente en la divisa estadounidense -referencia en el país para fijar precios- hasta 5,31 dólares, como consecuencia de la devaluación de la moneda local.
La caída del sueldo, en un país donde casi todo -hasta la gasolina- se cobra en dólares, afecta, principalmente, a los trabajadores públicos y a los pensionistas -que reciben al mes el equivalente a un salario mínimo-, quienes han protagonizado más de 1.500 protestas desde enero, según ONG, para exigir un aumento de sus ingresos.
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Aunque la ley venezolana establece que el salario debe cubrir las necesidades básicas del hogar, una familia de cinco personas necesita, al menos, 482,26 dólares al mes para sus gastos en alimentación, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), referencia ante la falta de cifras oficiales.
Desigualdad
El economista y profesor universitario Leonardo Vera dijo a EFE que el último año ha significado, «sobre todo para los asalariados del sector público y para una gran masa de pensionados y jubilados», que en Venezuela «suman más de 5 millones de personas», un «deterioro muy significativo en el poder de compra de su ingreso y en sus condiciones de vida».
Por otra parte, en el sector privado, donde «los ajustes salariales son más flexibles», se ha visto, «en los últimos dos años, un mejoramiento de los salarios incluso en dólares».
Según un reciente estudio elaborado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), el salario promedio de un obrero en el sector manufacturero subió de 130 a 170 dólares entre el primer y cuarto trimestre del año pasado, lo que representa un alza del 30%.
En cambio, «la realidad en el sector oficial», que incluye también «el sector educativo, el sector salud y las Fuerzas Armadas», es que el «salario no se ajusta (…) desde hace un año», en un país donde «la inflación sigue rondando los 300% y 400% interanual».
Parte de una estrategia
En Venezuela, los ajustes salariales eran muy frecuentes hasta 2018, año en el que se decretaron seis incrementos, con los que sumaron «no menos de 47» desde la llegada de la llamada revolución bolivariana, en 1999, hasta entonces.
Pero desde 2019, explicó Vera, el Gobierno ha venido implementando un «programa contra la inflación» con varias medidas, entre ellas «reprimir el salario, es decir, evitar los ajustes salariales a como se venían dando».
«En Venezuela, desde hacía varios años atrás, los ajustes salariales se estaban dando en forma semestral, incluso en forma trimestral, (…) pero se ha tratado de ir espaciando el período de ajuste salarial«, dijo.
Otras medidas que conforman esta estrategia oficial «no anunciada» han consistido también en frenar el alza del precio oficial del dólar, a fin de evitar que se encarezcan los productos, y la contracción del crédito, escaso en el país.
A juicio de Vera, lo recomendable sería establecer un «plan de ajustes progresivos» para tratar de que, en el tiempo, el sueldo «pueda irse aproximando a esa cesta alimentaria» cercana a los 500 dólares.
Aunque, en este contexto de constantes devaluaciones y de alta inflación, lo ideal sería «marcar el salario mínimo en cualquier otra moneda (…) para tratar de proteger el poder de compra».
El Gobierno, por su parte, insiste en que las sanciones internacionales impuestas contra el país -en especial, por Estados Unidos- han afectado su capacidad para pagar mejores salarios y garantizar los derechos de los trabajadores.
El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, afirmó recientemente, en la presentación de un informe ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Venezuela es un «país asediado con 923 medidas coercitivas unilaterales», por lo que trabaja junto al Observatorio Venezolano Antibloqueo para conocer su impacto y la incidencia en el salario mínimo.
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