Médicos venezolanos reclutados en Madrid durante pandemia trabajaron sin contrato ni seguro

Durante la pandemia, el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, España, Isabel Díaz Ayuso, creó un plan para «medicalizar las residencias» y ofrecer atención en geriátricos donde el COVID-19 había elevado la tasa de mortalidad a más de 7.000 ancianos.

La «Operación Bicho», que es como bautizó el Gobierno dicho programa, consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura, llamada Transamed, que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social.

Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro.

La documentación en poder de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades como falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión.

El importe todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados para dar respuesta a la crisis del COVID-19. La emergencia sanitaria impactó duramente en los ancianatos, especialmente en autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de brotes e infecciones.

El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.

La lista de irregularidades que describe el personal sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.

Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que necesitasen más el trabajo.

«Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena», llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que tuvo acceso el medio español.

Los sanitarios consultados por El Diario aseguran que siguieron todas las instrucciones planteadas por la empresa sobre las contrataciones. «Siempre nos aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir. Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos pagaba», cuenta uno de los médicos.

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