Mientras la crisis económica persiste, diputados proponen debatir una Ley de Religión

En medio de la más feroz crisis económica de la historia contemporánea del país, cuando Venezuela corre el riesgo de padecer la hiperinflación más prolongada desde que se llevan registros, y puede arribar a 8 años consecutivos en recesión, un grupo de diputados evangélicos opositores está decidido a «estremecer el Estado laico» con la propuesta de una ley de religión que, aunque aseguran que es inofensiva, ha despertado la furia de detractores, quienes temen que Venezuela se convierta en un país confesional y con menos derechos para las mujeres y la población LGBTI.

Según un reportaje de la agencia EFE, publicado en Infobae, la eventual legislación no contempla ninguna desaceleración en derechos y solo busca establecer un orden y el mismo reconocimiento ante el Estado para las distintas expresiones religiosas, o al menos así lo aseguró el diputado Alfonso Campos, secretario nacional de un partido cristiano que tiene cuatro escaños en la Cámara.

El legislador, también pastor evangélico en ejercicio, se metió en el ojo del huracán al anunciar, en medio de un debate público, su intención de impulsar la ley de religión, al tiempo que expresaba su rotundo rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Estos dos últimos temas han recibido impulsos recientemente en el país suramericano, en vista de la instalación de un nuevo quinquenio parlamentario con casi absoluto control oficialista.

Pero Campos, que insiste en que no es homofóbico, ha sido calificado como tal por numerosos activistas LGBTI, especialmente luego de su polémico discurso, en el que aseguró que el matrimonio tiene una relación directa con la procreación y, por tanto, es un derecho «que lamentablemente la naturaleza del vínculo propio les niega» a los homosexuales.

– La igualdad –

Campos aboga porque los diferentes cultos tengan el mismo reconocimiento ante el Estado pues -esgrime- existe un concordato con la Iglesia católica que deja al resto de religiones como simples asociaciones civiles o, dicho de otro modo, como expresiones de fe de menor rango.

Pero, según la activista Quiteria Franco, en la misma situación se encuentran las parejas del mismo sexo, que no pueden casarse por un apartado constitucional «discriminatorio», que coloca a las personas LGBTI «como ciudadanos de segunda clase».

Consultada sobre la defensa del marco legal existente que hace el diputado, Franco cree que no se debe usar la Constitución «como un argumento para seguir negando derechos», sobre todo luego de que la Justicia emitiese una sentencia que expresamente reza: «no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo».

Pero esta sentencia también defiende la protección únicamente hacia el matrimonio heterosexual y subraya que según la norma constitucional, que contiene estas expresiones, no es posible la discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona.
Si esa persona es homosexual no tiene el derecho a casarse con quien quiere, pues este acto solo está permitido entre un hombre y una mujer.

«La condición del matrimonio está establecida en la Constitución (…) que son entre un hombre y una mujer, cualquier posición contraria a esa es anticonstitucional», dice el diputado.

– La religión –

Campos dice representar a una fracción política y no religiosa en el Legislativo, sin dejar de defender su derecho a legislar bajo «los principios y los valores» que él mismo describe como conservadores o de centro derecha.

Detrás de su oposición a la aprobación del matrimonio igualitario, mas no a la discusión sobre el tema -manifiesta- «no hay un fundamentalismo religioso», sino un apego estricto «a lo que por norma se tiene».

Hablando de normas, el Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela condena con penas de hasta tres años de prisión los «actos sexuales contra natura», una tipificación que se aplica casi exclusivamente a los funcionarios castrenses que son descubiertos en relaciones homosexuales.

La norma, cada vez menos aplicada pero todavía vigente, es considerada por activistas LGBTI otro triunfo de la moral religiosa y, según Franco, muestra lo «peligroso» que puede llegar a ser la influencia de los cultos en las instituciones, especialmente dentro de un Estado que se define como laico.

Ese principio seglar también se topa de frente con el discurso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que por un lado emplazó al Parlamento a discutir en este quinquenio la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, mientras insiste en que su Gobierno es «cristiano».

– La Ley –

Franco lleva años denunciando a las instituciones venezolanas por conformar un «Estado homofóbico» que incumple, a su juicio, tratados internacionales que obligan a la progresividad en materia de derechos y que todavía no se han traducido en igualdad ante la ley para personas LGBTI.

La sola idea de crear una ley de religión, considera la activista, «busca destruir el Estado como un Estado laico y establecer un Estado confesional», lo que significa «imponer una religión a todo un país».

Campos asegura que su propuesta es meramente administrativa y ni siquiera incluye consideraciones sobre la población LGBTI, el aborto o la eutanasia, tres tópicos, sin embargo, a los que se opone con vehemencia.

El diputado se dice en contra de la violencia homofóbica e incluso celebra que en Venezuela no sea ilegal ser homosexual en sí mismo, ni haya una persecución contra este colectivo que, admite, «ha sido muy señalado».

Preocupado además por los «ataques» que ha recibido en las redes sociales luego de su famoso discurso, ofrece disculpas a quien haya ofendido pues, reitera, solo pretendía expresar una «opinión» que va más allá y es «de defensa de principios y del estamento constitucional».

– Cuestión de prioridades –

Así como parte de la oposición tolerada en la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre se dedica a «ajustar cuentas» con la legislatura anterior, a través de una investigación por presunta corrupción a la que se le ha dado la máxima prioridad, otro grupo parece dedicarse a intereses sectoriales, como promover un debate sobre la supuesta primacía de la Iglesia Católica, a través de un proyecto de ley que supone de facto cambiar las relaciones diplomáticas con el Vaticano.

El problema está en las prioridades de un poder legislativo que, de paso, tiene una más que absoluta mayoría chavista que todavía no discute una sola ley que ayude a formalizar una política de recuperación de la economía, estimule a un consumo deprimido y contribuya a recuperar el aparato productivo paralizado o perdido, mientras ha señalado que su prioridad inmediata es consolidar la implantación de un estado comunal.