Migración e informalidad han recortado más de 20% de la nómina del sector público

Más de 20% de los funcionarios públicos ha emigrado o se ha desplazado hacia la economía informal en los últimos 3 años, como consecuencia de una política de compensación basada en un salario mínimo que solo cubre 0,8% de la canasta alimentaria, señala en un comunicado la central de trabajadores y trabajadoras, Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), que agrupa a un conjunto de centrales sindicales y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos laborales desde una perspectiva crítica con el ejecutivo chavista.

El documento señala que la nómina pública, que se compone de alrededor de 3 millones de trabajadores, labora en condiciones que bordean la indigencia, ante la precariedad de sus niveles de ingresos. Y en el contexto de la pandemia de Covid-19, el gobierno no cumple con los protocolos de bioseguridad y protección que promueve, ni ha adoptado una política concreta de teletrabajo.

«El modelo de relaciones de trabajo se fracturó a través de la ausencia de Diálogo Tripartito y ante la intervención e injerencia del estado de la libertad sindical, la ausencia de reconocimiento inclusivo y pluralista en el diálogo y en la consulta han producido un retroceso inhumano en el valor del trabajo y la calidad de vida de los servidores públicos», señala la organización.

«El impacto de un modelo que desmejoró todas las condiciones de trabajo desde el TSJ y el CNE, interviniendo con decisiones de rango sublegal el ejercicio de la actividad sindical, así como desde el Ministerio del Trabajo (MPPPST) con el Memorando 2792 y el propio ejecutivo con actos administrativos y decretos leyes sobre salario sin consulta tripartita, que pulverizaron el contrato colectivo, el salario y los derechos conquistados históricamente por el movimiento Sindical y plasmados en leyes y contratos colectivos que hoy son letra muerta».

La central ASÍ Venezuela denuncia categóricamente que el Seniat siga incrementando la presión tributaria sobre unos trabajadores cuyos ingresos no cubren un día de consumo de la canasta básica de alimentos. «Bajo resoluciones que violan la Constitución y Ley Orgánica del trabajo cobran impuesto al salario y todos los beneficios de indigencia…»

«Y si a toda esa condición infrahumana le sumamos el colapso de los servicios públicos, se evidencia como el salario de indigencia no es suficiente para cubrir canasta alimentaria, transporte ni servicios básicos de luz, agua y gas doméstico, realmente los servidores públicos le están pagando al patrono estado por ir a trabajar», advierte el documento.

– Las demandas –

La Central de trabajadores y trabajadoras ASI Venezuela reclama que se comience a saldar la «deuda laboral» que hay con los servidores públicos, por lo que se deben ratificar, con carácter de urgencia, los Convenios de la OIT números 151 y 154 sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública y la Negociación colectiva en el sector público, y el Convenio 190 sobre la No violencia ni acoso en los lugares a trabajo.

La migración y el abandono de los puestos de trabajo han derivado en un «aumento de la carga laboral y de horas de trabajo de los servidores públicos con menos salario… Así mismo, ante la crisis eléctrica, de comunicaciones, de transporte y servicios básicos, las condiciones  disergonómicas de los servidores públicos se han deteriorado más, ya que surge el dilema de cómo dar servicio público sin servicios públicos; y finalmente le sumamos a la crisis humanitaria compleja, la crisis sanitaria de la Covid19, con trabajadores sin protocolos de seguridad».

La organización pide establecer el diálogo tripartito -gobierno-trabajadores-sector privado- en los términos previstos en las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, y se instaure con asesoría técnica de la OIT la mesa de Diálogo tripartito que debía haberse reunido antes de marzo pasado.

La agenda de ese diálogo se concreta en una serie de demandas urgentes para enfrentar la precarización del mercado laboral, especialmente en el sector público:

1.- Un Ingreso mínimo vital de emergencia para todos los trabajadores por 6 meses;

2.-Un programa de distribución masiva y gratuita de alimentos por la FAO;

3.- La distribución masiva de equipos de bioseguridad en todos los centros de trabajo, junto con formación y difusión de protocolos de bioseguridad para cada sector;

4.- Distribución gratuita de medicinas en farmacias sociales;

5.- La Instalación de las Mesas de Diálogo Tripartito como medidas urgentes para superar el deterioro de las personas, la vida y las relaciones de trabajo.