Milei congeló contrataciones y cambió radicalmente el régimen de empleo en el sector público
El presidente de Argentina, Javier Milei, estableció un régimen de duración máxima de los contratos y la obligación de presentar exámenes de idoneidad y capacitación a los aspirantes.
El Gobierno de Javier Milei fijó un régimen de contrataciones para el sector público, al prohibir que se realicen nuevas designaciones y contrataciones en el ámbito nacional, establecer la duración máxima de los contratos y la necesidad de aprobar un examen de idoneidad para acceder a un empleo en el Estado.
A través de dos decretos publicados este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo confirmó que «la motosierra continúa», según publicó su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en X, firmante de las normas.
Uno de los decretos prohíbe en 2025 nuevas contrataciones en el Sector Público Nacional y sólo permite excepciones si las entidades que por cada alta informen tres bajas de personal por cualquier causa, a lo que, a su vez, permitió una excepción en las áreas que ya hubieran hecho una racionalización de su personal y requieran contratar por «razones de necesidad estratégica».
El otro decreto estipula que el personal del sector público nacional deberá acreditar la aprobación de la llamada ´Evaluación General de Conocimientos y Competencias´ este mes y que desde abril próximo sólo se podrá contratar personal que hubiera aprobado ese examen.
Las obligaciones establecidas en ambas normas alcanza a las empresas con mayoría estatal.
El Gobierno de Milei justificó la prohibición de contratar nuevos empleados públicos en que «corresponde adoptar medidas que optimicen los recursos del Estado», para «garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional» y mantener «una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional».
Sturzenegger había informado el domingo pasado que hasta noviembre de 2024 se acumuló una baja de 35.936 empleados entre la administración centralizada y descentralizada, empresas públicas y personal militar y de seguridad, que son parte de los casi 3,5 millones de empleados públicos si se incluye a las provincias y municipios.
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