El gobierno argentino llamó al Parlamento a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de leyes de reforma del Estado y un polémico megadecreto con una amplia desregulación de la economía, según la convocatoria que lleva la firma del presidente ultraliberal Javier Milei.
El presidente plasmó la convocatoria el viernes por la noche para que el Congreso inicie sesiones extraordinarias del 26 diciembre al 31 de enero, al cabo de una semana de protestas de sindicatos, inquilinos y partidos de izquierda contra las reformas contenidas en un decreto que debe refrendar el Congreso.
En el temario de las sesiones extraordinarias el mandatario incluyó además iniciativas para la restitución de impuestos sobre los salarios, modificaciones a la ley electoral y reformas del Estado.
Sin embargo, el plato fuerte está contenido en el megadecreto con más de 300 reformas que cambiarán la vida cotidiana de los argentinos.
Amparo constitucional contra reformas de Argentina
La justicia federal admitió un amparo colectivo de organizaciones civiles para que declarar inconstitucional el decreto. El Ministerio Público Fiscal deberá responder a los cuestionamientos en un proceso que puede escalar hasta la Corte Suprema.
Entre otras modificaciones el decreto deroga la ley de alquileres que serán sin plazo, sin tope de precios y en cualquier moneda. También elimina protecciones a los trabajadores y leyes que resguardan al consumidor de aumentos de precios abusivos, ello cuando la inflación supera el 160% anual y la pobreza el 40%.
También libera las comisiones bancarias y la tasa punitiva para las deudas, elimina la ley que establecía aumentos regulares de jubilaciones y pensiones, libera las cuotas de la medicina privada y abre las puertas a la privatización de empresas públicas y limita huelgas.
El plan «motosierra» de Milei para recortar el gasto del Estado, despertó la semana pasada protestas callejeras con «cacerolazos» contra el gobierno en las principales ciudades del país.
También provocó el llamado de las centrales obreras a una manifestación el miércoles próximo frente a los tribunales para entregar a la justicia un pedido de impugnación del decreto por considerarlo inconstitucional y un amparo para que se suspendan todos sus efectos.
El Congreso tiene 10 días para refrendar o rechazar el decreto en su totalidad sin que pueda abrir a discusión los detalles de su contenido, según el reglamento para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.
El decreto se aprueba por mayoría simple y entrará en vigor de todos modos el 29 de diciembre en caso de no ser tratado en el plazo previsto. En cambio, para invalidarlo deben rechazarlo ambas cámaras.
El partido del presidente, La Libertad Avanza (ultraderecha), tiene 40 de los 257 diputados y siete de 72 senadores, en tanto el ahora opositor peronismo conserva la primera minoría en ambas cámaras.
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