Miles de franceses comenzaron a salir este sábado a las calles para denunciar un proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en un país impactado por un nuevo caso de violencia policial que ha puesto al gobierno en un aprieto.
En el centro de las protestas figuran tres artículos del proyecto de ley Seguridad global que recibió la luz verde de la Asamblea Nacional la semana pasada, y que enmarca la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones así como imágenes tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles de las fuerzas del orden.
Miles de personas desfilaron por la mañana, en calma, en ciudades como Lille (norte) y Montpellier (sureste). En París, cientos de manifestantes comenzaron a congregarse a las 14H (13H00 GMT) en la plaza de la República, desde donde marcharán a lo largo de poco más de 2 kilómetros hasta la plaza de la Bastilla.
Para Maud, de 45 años, que marchó en la ciudad de Rennes (oeste), donde se produjeron incidentes al final de la manifestación, «hay una verdadera negación de la democracia y no se puede seguir así. Hay una deriva hacia el autoritarismo».
«Este proyecto de ley pretende restringir la libertad de la prensa, la libertad de informar y de ser informado, la libertad de expresión, en fin, las libertades públicas fundamentales de nuestra República», consideran los coordinadores que han convocado las protestas.
El artículo 24 — que ha centrado la atención – castiga con un año de cárcel y hasta 45.000 euros (54.000 dólares) de multa la difusión «malintencionada» de imágenes de las fuerzas del orden. El gobierno asegura que esta disposición pretende proteger a la policía de llamados al odio y a muerte en las redes sociales, con revelaciones de detalles sobre su vida privada.
Pero los detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.
También alegan que es una disposición inútil, ya que el arsenal jurídico actual es suficiente para reprimir estos delitos y que el derecho francés «sanciona los actos, no las intenciones».
Dos casos de violencia policial esta semana han atizado el debate transformando una decisión política en una auténtica crisis en el ejecutivo de Emmanuel Macron.
El lunes durante una operación mediática de organizaciones promigrantes, la policía evacuó brutalmente a los que se habían instalado en una plaza del centro de París, y zarandearon a los periodistas bajo el foco de las cámaras y de los smartphones.
– Paliza –
El jueves, unas cámaras de seguridad mostraron la paliza que tres policías propinaron a un productor de música negro.
La prensa, las redes sociales y algunos deportistas de renombre internacional denunciaron la violencia policial.
«Imágenes que nos dan vergüenza», denunció el viernes por la noche Macron, que encargó al gobierno le presentara «rápidamente propuestas» para «luchar con más eficacia contra todas las discriminaciones».
El mismo día que se publicaron las imágenes encargó al titular de Interior, Gérald Darmanin, uno de los ministros más importantes de su gobierno, que impusiera sanciones muy claras para los policías acusados.
Ante la indignación provocada por el artículo 24, el primer ministro, Jean Castex, trató de buscar una salida con la creación de una «comisión independiente encargada de proponer una nueva redacción», pero la iniciativa ha enfadado a los parlamentarios de todo el espectro que han visto una forma de «menosprecio».
La coordinación de las protestas reclama «la retirada de los artículos 21, 22 y 24» del proyecto de ley y la «retirada del nuevo esquema nacional de mantenimiento del orden» publicado en septiembre, que durante las manifestaciones obliga a los periodistas a dispersarse cuando las fuerzas del orden den la orden, impidiéndoles cubrir el desarrollo de los acontecimientos, a menudo turbulentos en los últimos tiempos.
La prensa francesa y extranjera han denunciado una «deriva de seguridad», y la «vulneración de los derechos». Entre las voces críticas, la defensora de los derechos humanos, los relatores de derechos humanos de la ONU. El debate ha llegado al Parlamento Europeo.
Además de las tradicionales estructuras de izquierda, sindicales o de la sociedad civil que se manifestarán, muchas personalidades se sumarán a las protestas el sábado.
Los chalecos amarillos, cuyas manifestaciones, a veces violentas sacudieron al país en 2018 y 2019, son también esperados.
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