Mohamed El-Erian: "La carrera entre la economía y la COVID‑19"

Mientras el coronavirus devasta una economía tras otra, la ciencia económica (y con ella los fundamentos analíticos para la correcta formulación de políticas y gestión de crisis) se ve obligada a actualizarse a la carrera. Particularmente importante en este momento es el análisis económico de la pandemia, del miedo y de los «cortafuegos» (circuit breakers). Cuanto más avance el pensamiento económico para ponerse a la par de las cambiantes realidades, mejor será el análisis en el que se base la respuesta política.

Respuesta que será a la vez novedosa e inevitablemente costosa. Los gobiernos y los bancos centrales están aplicando medidas inéditas para mitigar la desaceleración global y evitar así que una recesión global, que ya se da por cierta, dé paso a una depresión (un riesgo que ya es inquietantemente alto). Es probable que dichas acciones desdibujen todavía más las fronteras entre el análisis económico tradicional de las economías avanzadas y el de las economías en desarrollo.

La necesidad de ese cambio es urgente. La contundente evidencia de una enorme caída del consumo y de la producción en todos los países obliga a los analistas en economías avanzadas a considerar, antes que nada, un fenómeno del que hasta ahora sólo se había tenido experiencia en estados frágiles o fallidos y en comunidades devastadas por desastres naturales: la detención súbita de la economía y la cascada de efectos devastadores que pueden aparecer a continuación. Luego deberán enfrentar otros desafíos que son más familiares en los países en desarrollo.

Pensemos en el aspecto económico de la pandemia. Sin importar cuánto deseen gastar, los consumidores no pueden hacerlo, porque se les pidió encarecidamente o se les ordenó quedarse en casa. Y por más dispuestas que estén a vender, las tiendas no pueden llegar a sus clientes, y muchas están aisladas de sus proveedores.

Por supuesto que la prioridad inmediata es la respuesta sanitaria, y esta requiere distanciamiento social, aislamiento autoimpuesto y otras medidas fundamentalmente incompatibles con el funcionamiento de las economías modernas, medidas que provocaron una veloz contracción de la actividad económica (y con ella, del bienestar económico).

En cuanto a la gravedad y duración de la recesión venidera, todo dependerá del éxito de la respuesta sanitaria, y en particular de los esfuerzos para identificar focos infecciosos, contener la propagación del virus, tratar a los enfermos y potenciar la inmunidad de la población. Mientras esperamos avances en estos tres frentes, crecerán el miedo y la incertidumbre, y eso tendrá implicaciones negativas para la estabilidad financiera y para las perspectivas de recuperación económica.

Cuando se nos saca en forma tan violenta y repentina de nuestras zonas de confort, la mayoría de las personas caemos hasta algún punto en la parálisis, la sobrerreacción o ambas cosas. Nuestra tendencia al pánico tiende a profundizar la disrupción económica; y en cuanto comienza a sentirse la falta de liquidez, los participantes del mercado se apresuran a vender activos para hacerse de efectivo, y no sólo aquellos cuya venta es conveniente, sino todos aquellos cuya venta sea factible.

En estas circunstancias es predecible un alto riesgo de liquidación generalizada de activos; y sin intervenciones de emergencia bien diseñadas, esto plantea una amenaza para el funcionamiento de los mercados. En esta crisis, el riesgo de que los problemas del sistema financiero se propaguen a la economía real y provoquen una depresión es demasiado grande para ignorarlo.

Lo que nos trae a la tercera prioridad para el análisis: la economía de los «cortafuegos». La cuestión aquí no es simplemente cuánto pueden lograr las intervenciones de emergencia, sino también qué está fuera de su alcance y en qué circunstancias.

Está claro que en vista de las desastrosas implicaciones para el bienestar social de un desapalancamiento económico y financiero simultáneo, el momento actual exige una respuesta oficial con todos los medios disponibles, en forma integral y coordinada. La prioridad inmediata es crear «cortafuegos» que limiten la magnitud de eventuales ciclos de retroalimentación económica y financiera peligrosos. Aunque este esfuerzo lo están liderando los bancos centrales, también involucra a las autoridades fiscales y otras.

Pero habrá complicados dilemas que resolver. Por ejemplo, se está hablando mucho (y con razón) de propuestas de distribuir transferencias en efectivo y otorgar préstamos blandos para proteger a franjas vulnerables de la población, mantener a flote las empresas y salvaguardar sectores económicos estratégicos. La idea es minimizar el riesgo de que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia. Sin embargo, cualquier programa de inyección de efectivo y crédito chocará de inmediato con problemas de implementación. Además de las consecuencias no deseadas y de los daños colaterales típicos de medidas indiscriminadas, inundar de liquidez todo el sistema en medio de la crisis actual obligaría a crear nuevos canales de distribución. La cuestión de cómo hacer llegar el dinero a los destinatarios deseados no es tan sencilla como parece.

Otra alternativa cada vez más probable, la implementación de programas de rescate directos, plantea incluso más dificultades. Las aerolíneas, las empresas de cruceros y otros sectores muy afectados no son casos excepcionales, son preanuncios de lo que vendrá. Desde multinacionales industriales hasta restoranes familiares y otras pequeñas empresas, la lista de espera para los programas públicos de rescate será muy larga.

Si no se estipula claramente por qué, cómo, cuándo y con qué condiciones se entregará la asistencia estatal, es muy probable que los programas de rescate terminen siendo politizados, mal diseñados y capturados por intereses especiales. Eso complicará los planes para una posterior recuperación de viabilidad de las empresas, con riesgo de que se repita lo que pasó después de 2008, cuando a pesar de que se pudo controlar la crisis, no se sentaron las bases para un crecimiento firme, sostenible e inclusivo después de eso.

En vista de la magnitud que probablemente tendrá la intervención oficial en esta ocasión, es fundamental que las autoridades también reconozcan sus límites. Ninguna rebaja de impuestos, ningún crédito blando, ninguna refinanciación de hipotecas ventajosa convencerá a las personas de reanudar la actividad económica normal si todavía tienen miedo de enfermarse. Además, mientras el énfasis sanitario esté puesto en el distanciamiento social como forma de cortar la transmisión comunitaria, los gobiernos tampoco querrán que la gente salga de casa.

Todas las cuestiones mencionadas son ámbito fecundo para la investigación económica. Al explorar estos territorios de indagación, muchos investigadores de las economías avanzadas se cruzarán una y otra vez con temas propios de la economía del desarrollo: gestión de crisis, fallos del mercado, soluciones para la «fatiga de ajuste», creación de bases sólidas para un crecimiento estructuralmente firme, sostenible e inclusivo, etcétera. En la medida en que incorporen enseñanzas de ambos campos, la economía saldrá beneficiada. Hasta hace poco, los economistas opusieron demasiada resistencia a eliminar distinciones artificiales, por no hablar de adoptar una mirada más multidisciplinaria.

Estos límites autoimpuestos se han mantenido pese a la abundante evidencia de que (particularmente desde el inicio de este siglo) las economías avanzadas arrastran impedimentos estructurales e institucionales que han asfixiado el crecimiento en formas que son muy familiares en las economías en desarrollo. En los años que pasaron desde la crisis financiera global de 2008, estos problemas profundizaron divisiones políticas y sociales, debilitaron la estabilidad financiera y llevaron a que hoy sea más difícil responder a esta crisis inédita que está llamando a nuestra puerta.

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Con información de Project Sindicate