Moratoria a desalojos: la tabla de salvación de millones de familias sin empleo en EEUU

La moratoria para los desalojos se ha convertido en la tabla de salvación para millones de familias en Estados Unidos que a raíz de la pandemia del coronavirus perdieron sus empleos o vieron caer sus ingresos y, entre los trámites o su condición migratoria, no han podido acceder a las ayudas oficiales para el pago de alquileres.

Y es que la pandemia no sólo ha dejado millones de contagiados y más de 600.000 muertes en la primera potencia mundial, sino que arrasó con la economía de familias que ahora se aferran a esta prohibición federal o a una serie de medidas estatales y locales para permanecer en sus viviendas.

Ese es el caso de Juan López, originario de Guatemala, quien es cabeza de uno de los más de 6,5 millones de hogares sobre los que, según el Aspen Institute, pende la amenaza de un desahucio.

Después de 18 años sin una mancha en su récord de pago, López agotó los ahorros que había atesorado tras dos décadas de trabajo en este país debido a una operación en la vista que no daba espera.

Ese gasto imprevisto lo dejó, según palabras de este trabajador de limpieza, con «el trasto sin agua».

Hace ya tres meses no paga el alquiler y ahora confía en que la moratoria que rige para el estado de Maryland, vecino de Washington DC, hasta el próximo 15 de agosto se extienda o que logre permanecer en vigor la prórroga de dos meses de la prohibición federal a los desalojos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el pasado 3 de agosto.

«Que nos den un plazo, pues nosotros no nos vamos a ir o quedarles debiendo o robarles el tiempo (a los arrendadores) que nos han dado el techo. De mi parte, yo no», subrayó López en una entrevista con Efe.

Confesó que después de ganar alrededor de 30.000 dólares al año, en 2020 no alcanzó ni a los 10.000 dólares. “Con todo esto que pasó de la pandemia la gente ya no quería que uno llegara a sus casas”, recordó de su experiencia.

Aunque admite que ha ido recuperando algunos de sus clientes, no oculta su incertidumbre por el repunte de los casos del virus atribuido a la variante delta.

«Uno no se siente bien, porque aparte de que esa (pandemia) ya pasó, ya hay bullas de que viene otro virus», dijo López.

Historias como la de este padre de una familia de cuatro integrantes -entre ellos una niña de 14 años y un pequeño de dos años y medio- se han multiplicado en Estados Unidos.

Dasha Kelly, una madre de tres niñas que el año pasado perdió su trabajo por el cierre de los casinos en Las Vegas y abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar 2.000 dólares que evitaran su desalojo, quedó sorprendida al superar los 200.000 dólares en donaciones después de que la cadena CNN difundiera su historia.

Pero aún son muchos los que esperan por una oportunidad.

De allí que movimientos como «Cancel the rent» («Condone la renta») hayan empezado a crecer en distintas ciudades, primero como grupos de inquilinos agobiados y ahora como una mezcla de afectados y organizaciones sociales de apoyo.

Amy Gellatly, abogada de Bread for the City, una organización que ofrece servicios legales y se ha sumado a la campaña «Cancel the rent DC», explicó a Efe que muchas personas tienen «mucha ansiedad» sobre cómo pagar la renta y cuándo podrán encontrar nuevamente un empleo.

Pese a destacar que la ayuda federal ha llegado a distintos estados y al Distrito de Columbia, donde está Washington, admitió que para acceder a esos recursos la gente tiene que cumplir distintos requisitos.

«Es mucho dinero que estamos recibiendo del Gobierno federal, pero lo difícil es obtenerlo y asegurar que la gente que realmente lo necesita lo reciba», afirmó.

Gellatly relató que los aspirantes requieren tener acceso a internet para llenar una aplicación que para algunas personas es difícil de entender o supone una traba, ya que se exigen pruebas de las que no disponen.

Pero de llegarse a la instancia de un desalojo, esta abogada admite que lo más complicado en este país «es que cada estado tiene sus propias leyes» sobre ese proceso, lo que genera «mucha confusión».

Apuntó, en ese contexto, que la moratoria federal prohíbe el procedimiento de desalojo en sí, mientras que otras decisiones adoptadas por las autoridades locales, como en el caso de DC, evitaron hasta finales de julio pasado que los propietarios enviaran cartas a los inquilinos o iniciaran procesos de desalojo en las cortes.

Sin embargo, advirtió, estas medidas han empezado a caducar y existen estados donde un dueño puede exigir la salida de los arrendatarios desprovistos de protecciones legales, lo que deja a las familias a la espera de un salvavidas desde el Gobierno federal.