Ni Misiones, Ni CLAPs justifican la Constituyente

Cada una de las alocuciones públicas de personeros del Gobierno intentando justificar la convocatoria a una Constituyente para realizar modificaciones de la Constitución, sirven de confesión sobre las verdaderas intenciones de la misma.

Por un lado, como lo han reconocido públicamente, se pretende cambiar el modelo político-administrativo del país y modificar el modelo económico-social establecido en la Constitución Nacional, para concentrar poderes y decisiones en el alto Ejecutivo Nacional conculcando los derechos y libertades que la Constitución consagra y otorga a los individuos en su papel de ciudadanos, trabajadores, emprendedores, electores y consumidores finales.

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Con este objetivo en agenda, el oficialismo intenta manipular la opinión pública alegando que se requiere la Constituyente para incluir en la Constitución a las Misiones, los CLAPs y salvar al planeta del deterioro ambiental. Tales argumentos intentan constituir el “caramelo” para conseguir apoyo en favor de una modificación de la Constitución, que según lo comentado por sus promotores, verdaderamente busca introducir en la Carta Magna la desaparición y conculcación hasta ahora de hecho, de derechos civiles, políticos y económicos.

De hecho, no resulta necesario incluir textualmente, con nombre y apellido, ninguna política pública o política social y de transferencia. Lo contrario resulta falaz y mal intencionado.

El modelo social de mercado establecido en la otrora “mejor Constitución del Mundo” permite:

1.- Al Sistema de Precios de Mercado como sistema informacional, referencial y de incentivos.

2.- La posibilidad de Políticas Públicas y Regulatorias para atender las fallas y distorsiones en los mercados y sectores económicos que alejan a la sociedad del bien social tutelado, el Bienestar Social.

3.- La posibilidad de Políticas Públicas basadas en Mercado, para completarlos o para crearlos en el caso que su ausencia esté imposibilitando a la sociedad a alcanzar mayores niveles de Bienestar Social y eficiencia económica.

4.- Permite y Contempla Políticas Públicas de Equidad y Redistribución.

En este sentido, resulta absolutamente falso que para diseñar e incluso perfeccionar política social y redistributiva alguna se requiera modificar la Constitución actual.

Más allá, los derechos y libertades económicas consagradas en la Constitución, y en riesgo ante la eventual Constituyente, casualmente garantizan que el diseño de políticas públicas no violente al interés público económico, tema fundamental. Fundamental, porque actualmente existe absoluta competencia por parte del Ejecutivo Nacional para corregir las fallas económicas, por ejemplo la inflación de estricta responsabilidad y culpa del Gobierno. Tan importante como identificar los casos en los cuales el Estado pudiera intervenir en materia económica es el cómo intervenir, y una Constituyente pondría en riesgo algunos principios e instituciones económicas consagradas Constitucionalmente -como los derechos de propiedad- poniendo en riesgo al interés público económico.

Los males y fallas de Gobierno que se traducen en la profunda crisis económica y social que atraviesa Venezuela es producto, justamente, de la violación de los principios y derechos económicos, así como de la violación del modelo económico establecido en la Constitución Nacional.

Una Constituyente revista el riesgo de hacer ”legal” y Constitucional las fallas de Gobierno y la ausencia de Estado de Derecho hasta ahora de hecho y de facto por parte de la actual administración.

*Economista UCV. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.