Nicaragua nacionalizó una petrolera sancionada por EEUU

Nicaragua nacionalizó este sábado la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan con un esquema de corrupción y lavado de dinero del gobierno del presidente Daniel Ortega.

La ley establece que todos los inventarios de DNP pasarán a ser «propiedad total» del Estado de Nicaragua y serán administrados y operados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El texto fue aprobado con 73 votos a favor en el congreso de 92 escaños dominado por el oficialismo.

Ortega envió el viernes «de urgencia» el texto al Congreso ante un «potencial desabastecimiento de combustibles y productos derivados del petróleo» en el país, según la exposición de motivos.

La DNP importa el 30% de los hidrocarburos y derivados del petróleo y parte de ellos los vende a través de 69 estaciones de servicio. Tras las sanciones, la empresa no podrá comprar a sus proveedores.

La demanda nacional es suplida por la multinacional de origen Suizo, Puma Energy, que además de combustibles terminados, importa petróleo que procesa en su refinería y abastece a otros distribuidores del mercado local.

Tras el anuncio de sanciones estadounidenses, algunas estaciones de DNP estaban cerradas o tenían largas filas de compradores ante el temor de desabastecimiento, principalmente en ciudades del interior y la costa Caribe, donde son los únicos distribuidores.

Estados Unidos sancionó el miércoles a Rafael Ortega, hijo mayor del mandatario y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Otros 11 funcionarios y allegados al gobierno han sido sancionados, en el contexto de la crisis política que afecta al país desde 2018, para presionar a que Ortega a hacer cambios políticos y llame a elecciones libres en el país.

«Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones.

El diputado del partido Conservador (PC-derecha) Alfredo César consideró que la ley es innecesaria y que «el Estado debe permitir que las empresas privadas en libre competencia se encarguen de la importación y distribución del petróleo y sus derivados».