“No me ayude compadre” y el análisis económico

Venezuela atraviesa una gravísima crisis económica, cuya evidencia e indicadores se aceleran dramáticamente día tras día. Pocas propuestas respecto a cómo salir del atolladero se escuchan de manera pública y por parte de los responsables de las políticas económicas y públicas.

Por su parte, del lado de la oposición se ha llegado a escuchar propuestas de la dolarización de los sueldos y salarios -como una especie de regulación del precio del salario-, y el miércoles 18 de julio de 2018 en un programa radial muy reconocido un importantísimo consultor económico de empresas y de gremios privados asomaba la necesidad, obligación y posibilidad de que el sector privado ajustará los sueldos y salarios de los trabajadores sustantivamente toda vez que estos han perdido peso relativo en la estructura de contratación de los factores e insumos dentro de las empresas.

Este constituye un buen ejemplo y caso sobre la necesidad de contar con espacios, variados y diversos de análisis económico de las políticas públicas y regulatorias.

Lo primero que salta a la vista respecto a estas propuestas es que no existe producción ni productividad, mucho menos incrementos en la productividad que compitan con una hiperinflación, que utilizando la inflación estimada de junio de 2018 según la Asamblea Nacional y proyectada anualizada superaría los 2.000.000%.

Lo segundo que habría que destacar es que la inflación es un mal público que particulares difícilmente pueden corregir, muchos menos indexando en su estructura de costos factores por la inflación. Por el contrario, la recursividad podría hacer más explosiva a la inflación.

Lo tercero destacable es que la estructura de pesos relativos de los factores de producción sobre las estructuras de costos reflejan las condiciones y las distorsiones de la economía, entre otras la inflación, así como cierta caracterización de cada sector económico donde los factores si bien no siendo de proporciones fijas perfectas, en el ejercicio de optimización de las empresas se reflejarán las condiciones de mercado a las que se están enfrentando, arrojando una combinación de factores productivos -de aquí se deriva la importancia del análisis microeconómico de las políticas públicas en general y en especifico una referido al tema que nos ocupa-.

Pensar lo contrario demanda mostrar un test económico en el cual se evalúe en términos reales cómo, por qué y si efectivamente a partir de la hiperinflación las empresas «adquirieron» mayor poder en el mercado laboral y controlando por este factor, demostrar que en términos reales están sacando rentas adicionales -caso negado por las propias alegaciones de las empresas y su desempeño-.

Resulta importante aclarar el riesgo de dichas sugerencias populistas o «bien intencionadas» cuando no pasan por un análisis económico como los que deberían realizarse en el país a todas y cada una de las propuestas de política pública, pero que sin embargo y lamentablemente brillan por su ausencia (incluso de parte de los propios beneficiarios de este tipo de análisis para quienes no parece existir convicción sobre su necesidad).

El caso del Efecto Averch-Johnson se refiere a regulaciones instrumentalizadas por medio de controles sobre los precios de los factores que terminan distorsionando su nivel de contratación. En específico, un control de regulación de rentabilidad sobre el capital, podría generar el Efecto Averch-Johnson incentivando una saturación de capital sobre el trabajo por un eventual reconocimiento regulatorio de una tasa de remuneración superior al costo de oportunidad del capital en el mercado. La misma base analítica microeconómica podría utilizarse para el caso del factor trabajo y las propuestas de aumento salarial.

Por ejemplo, en el caso del Efecto Averch-Johnson una vez que se reconoce una remuneración adicional al capital, creando incentivos para alejarse de la regla de uso y contratación eficiente de los recursos como sería la igualdad de ratios de productividad marginal de los factores por unidad monetaria, no deja de ser cierto, que su instrumentalización es vía precios por lo que los incentivos no son irrestrictos para la sobrecontratación de capital porque existe un límite en el pass-through en los precios que admitiría cualquier demanda del producto que no sea perfectamente inelástica. Algo parecido ocurriría con un aumento arbitrario o regulado de los sueldos y salarios que no venga acompañado de aumentos en la productividad del trabajo.

Primero, para mantener el ratio eficiente en el uso de los factores, se tendería a producir mayor desempleo buscando aumentar la productividad marginal del trabajo respecto a la del capital. Segundo, en el caso de una inamovilidad laboral impuesta, tales ajustes se producirán vía pass-through hacia el precio o en el caso de demandas elásticas se convertirá en un pinzamiento de los márgenes al punto de poner en riesgo la restricción de participación de la empresa.

Si bien nos estamos refiriendo a un análisis de equilibrio parcial y supongamos que el propietario de la marca-producto posee cierto poder de mercado, aún cuando pueda existir poder de negociación del empresario respecto a sus trabajadores y sus salarios para ciertos casos, la regla de reparto del valor final del bien poca incidencia tiene en materia de bienestar social salvo en términos negativos si se produce problemas del tipo doble-marginalización en la contratación de los factores (lo anterior no significa que no exista un tema potencial de equidad -solamente en el caso de poder de mercado por parte de la empresa o que actúe como monopsonio- pero me temo que uno de los principales problemas de Venezuela se encuentra referido a la eficiencia, a crear bienestar social y riqueza, especialmente una vez mencionado el riesgo de violentar la restricción de participación del oferente).

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation. Master en Economía Industrial. Master en Law and Economics.