#NotaEditorial | Bonos indexados a los trabajadores: una dosis de pragmatismo
La indexación es un camino intermedio para dolarizar una parte sustancial del ingreso básico laboral sin tener que hacer reformas regulatorias y operativas que viabilizaran el pago directo en moneda estadounidense.
Los anuncios que en materia de remuneraciones hizo el presidente Nicolás Maduro, aparte de no haber satisfecho las expectativas de los trabajadores, dejaron algunas señales claras de cómo el Gobierno puede gestionar una coyuntura económica que pudiese hacerse más compleja en los próximos meses.
Hay, en el fondo, un ejercicio de pragmatismo, que no se reconoce en el discurso, pero que es patente en los hechos. El haber incrementado elementos de la remuneración no imputables a prestaciones sociales es un ejemplo claro de esta conducta.
La retroactividad del régimen prestacional fue el elemento clave que sustentó la derogatoria del régimen previsional aprobado en 1998 por una administración que estaba de salida y todas las leyes y medidas laborales adoptadas en los años posteriores.
La defensa del valor de las prestaciones fue una promesa constante que, ante las circunstancias, se deja de lado por ahora.
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Este no es un detalle menor, porque en el seno del Foro Social donde se desarrolla el diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y Gobierno -con no pocas diferencias sobre la mesa- se habla de una propuesta de Emergencia Salarial, la cual se establecería, mediante una Ley, que consiste en un plan de aumento progresivo de las escalas salariales, desaplicando el régimen de retroactividad.
Hay que dejar claro que ni la representación de los trabajadores ni la del Gobierno están de acuerdo con la eliminación definitiva de la retroactividad, pero podría lograrse un acuerdo que viabilizara la posibilidad de incrementar más contundentemente las remuneraciones en el corto plazo.
Lo cierto es que una de las cosas que, como el viento, la hiperinflación se llevó fueron las prestaciones sociales. Con remuneraciones con precaria capacidad de compra, el rezago del valor de ahorro previsional llegó a un extremo de evaporación, a tal punto que muchos trabajadores ni siquiera reclamaban el saldo acumulado.
Sin embargo, el pasivo existe y es una carga en extremo pesada para un Estado que mantiene una burocracia de más de 5 millones de trabajadores activos y un número aproximadamente similar de jubilados.
Este eventual acuerdo tripartito parece ser la única vía posible de recuperar el poder de compra de las remuneraciones de forma progresiva y ordenada, porque también es esencial evitar que la inflación se dispare.
El otro elemento interesante es la indexación de los bonos al tipo de cambio oficial. Otra evidencia de realismo. El mercado laboral se ha ido dolarizando progresivamente en el sector privado, y es lo mejor para el trabajador, aun cuando los precios en divisas también han registrado importantes incrementos.
En nuestra opinión, está claro que Venezuela no llegará a una dolarización plena. No solo en el Gobierno, sino en otros sectores existen dudas y prejuicios difíciles de superar; sin embargo, la realidad es dura y se hace obedecer.
La indexación es un camino intermedio para dolarizar una parte sustancial del ingreso básico laboral sin tener que hacer reformas regulatorias y operativas que viabilizaran el pago directo en moneda estadounidense.
El Gobierno sigue enfrentando un severo problema de flujo de caja. La gestión de un sancionado sector petróleo es un reto enorme, porque el ingreso por las exportaciones de hidrocarburos tiene fugas no solo derivadas de prácticas dolosas ya en proceso de investigación, sino de realidades que impone un mercado que obliga a buscar mecanismos alternos para vender crudo que, generalmente, son poco formales y costosos.
Una manera de enfrentar las presiones sociales es hablar con sinceridad. El Gobierno debería publicar las cifras de su realidad presupuestaria y los indicadores macroeconómicos, porque esa es la base de transparencia necesaria para seguir imponiendo sacrificios sin altos costos sociales y generar la credibilidad necesaria de los agentes económicos, para apostar por una recuperación posible y sostenible.
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* El autor es economista, Director de Aristimuño Herrera & Asociados y Banca y Negocios.
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