#NotaEditorial: Fijar el salario mínimo no es solo cuestión de método

Se ha revelado que existe una propuesta de método consensuado para definir el salario mínimo nacional entre representantes de los empresarios, centrales sindicales y el gobierno.

Por lo que ha trascendido, el método establecido es un sistema de ponderación de indicadores como inflación, costo de una canasta básica normativa, disponibilidad presupuestaria del Ejecutivo Nacional, evolución del tipo de cambio oficial y mediciones de pérdida de poder adquisitivo, entre otros.

La idea es que ese método termine de perfilarse para que el Ejecutivo lo utilice para definir un salario mínimo nacional que se anuncie posiblemente en alguna fecha no determinada durante el próximo mes de marzo. O al menos eso esperan algunas centrales sindicales.

De hecho, el análisis de las centrales sindicales no oficialistas que participan en el Foro de Diálogo Social tripartito sostiene que, con el método acordado, el salario mínimo debería ubicarse en una cifra cercana a los 200 dólares mensuales, lo que significaría un aumento, expresado en divisas, de 5.455,6%, cuya incidencia habría que analizar muy bien en todas las escalas salariales, no solo en el sector público, sino en el privado.

Si este escenario es el que, finalmente, se aprueba -y hay dudas al respecto-, el sector privado tendría que revisar de inmediato sus escalas salariales, sobre todo en el segmento de las pequeñas empresas.

Conindustria presentó los resultados de su Encuesta de Coyuntura Industrial, correspondiente al cuarto trimestre de 2023. En ella, se indica que el salario mínimo promedio para el personal obrero se ubicó en 196 dólares mensuales.

Sin embargo, cuando la remuneración se desagrega por tamaño de las unidades productivas, resulta que la gran empresa paga un mínimo promedio de 249 dólares mensuales a su personal obrero; al tiempo que la industria mediana reportó un salario mínimo de 219 dólares.

En consecuencia, si se aprueba el monto que plantean las centrales sindicales -basado en teoría en el método de fijación propuesto- estas empresas no se verían afectadas, porque, de hecho, ya exceden el salario mínimo.

Pero, la pequeña empresa industrial sí tendría que hacer un ajuste, porque su salario mínimo al personal obrero promedia 177 dólares mensuales, de acuerdo con los datos de Conindustria. En consecuencia, tendrían que pagar un aumento equivalente en dólares de 13%, lo que no es poca cosa para un sector que cerró el año pasado con una caída de 14,6% de su volumen de producción.

Este puede ser un caso sintomático. El sector Comercio y Servicios, por su parte, también se podría ver afectado por una corrección elevada de sus niveles de remuneración en un entorno de crecimiento moderado, según el subsector que se analice.

Por supuesto, conviene aquí también poner el acento en el tema de la retroactividad prestacional, un asunto que preocupa más a los empresarios que la misma definición de un incremento salarial, porque podría generarse un pasivo muy elevado, por lo que la representación del sector privado sigue abogando por un acuerdo que excluya este factor.

Aún más, la representación empresarial ha insistido en la necesidad de una reforma integral de la legislación laboral, en función de contener sus elevados costos y así permitir una discusión salarial con menos lastres y que favorezca más a los trabajadores en un entorno de inflación que sigue siendo alta y persistente, a pesar de la desaceleración.

Está claro que en Venezuela los salarios no compensan suficientemente la acelerada pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. El rezago es muy importante, por lo que recuperar el poder de compra del salario debe ser una prioridad, y ya es una buena noticia que se haga con el consenso tripartito; no obstante, parece prudente ir progresivamente.

El proceso de reducir el rezago salarial no solo pasa por acuerdos sobre métodos de incremento, sino por la definición de una estrategia integral de crecimiento económico, que incluya reformas que fomenten la inversión privada en un entorno macroeconómico saneado y estable.

El debate no va de llegar a un monto, sino de también proteger el empleo e incentivar el crecimiento de la producción. Si la discusión es integral, sin duda, los resultados serán menos traumáticos y beneficiosos para todos, especialmente para los trabajadores.

Así las cosas, las gerencias empresariales deben ir pensando en tomar previsiones.

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* El autor es economista cum laude, CEO de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados y Director General de Banca y Negocios.

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