Nuestra política cambiaria subsidia a los países ricos

La limitación de acceso al mercado cambiario ha creado distorsiones en Venezuela que lesionan abiertamente a la sociedad, de una forma recursiva e injustificable.

En la actualidad algunas empresas para poder continuar operando y atender al mercado doméstico, requieren tener acceso a ciertos insumos de estricto origen importado. Esto implica que ante las limitaciones de acceso a una oferta oficial de divisas dos resultarían ser las vías de acceso, una a través del mercado no oficial de divisas, y la otra, por medio de exportaciones –que como veremos no tienen por qué diferir respecto al valor de la divisa o su costo de oportunidad, pero si respecto a costos adicionales innecesarios para siquiera tener acceso a la divisa-.

Ante la existencia de riesgos regulatorios y las potenciales sanciones por el uso del referente del precio de la divisa en el mercado negro, posiblemente muchas empresas valoraron la vía de las exportaciones para generar un ingreso en divisas que satisfaga su presupuesto de divisas para mantener sus operaciones generales –lo anterior supone que el riesgo esperado de potencial sanción por utilizar el mercado paralelo, concretamente la probabilidad de ser revisado, encontrado sancionable multiplicado por la eventual sanción superaría los costos de entrada y operativos de iniciar operaciones de exportaciones para poder constituir un presupuesto en divisas producto de los ingresos de las unidades exportadas, opción última que se encarecía con las exigencias de porcentajes de ventas de los ingresos producto de las exportaciones a tasas oficiales inferiores al paralelo-.

Aun así, esta última opción no estaría del todo exenta de riesgo regulatorio referido al tipo de cambio al cual se registra las divisas exportadas como insumo ante la arbitrariedad de los entes regulatorios. El valor de dicha divisa no puede sino representar su costo de oportunidad porque de lo contrario no existiría incentivo para inyectarlo en operaciones domésticas para el mercado nacional, en el supuesto que exista una demanda en el mercado producto dispuesto a pagar por el bien.

La discriminación de precios entre el mercado doméstico y el internacional no sólo dependerá del hecho de que los mercados internacionales suelen ser más elásticos –lo cual puede evidenciar la competencia relativa en cada uno de estos mercados- sino adicionalmente encontrarse exacerbado por los costos adicionales propios de entrada y operación en el mercado externo.

En la medida que exista demanda doméstica suficiente en cantidad y disponibilidad de pago, no parece razonable imputarle a los precios de bienes los costos adicionales de entrada en divisas a mercados internacionales (pudiendo suponer que los mercados negros terminan acercando el precio de la divisa a su valor social y costo de oportunidad, aun cuando por su imperfección podría mostrar distorsiones igualmente). Aquí radica la importancia de confiar en el sistema de precios como referente social respecto al valor de todos los bienes, servicios e insumos –incluyendo al dólar-.

Como muchos especialistas económicos han insistido en Venezuela a lo largo de los últimos 20 años, las políticas de controles que se anuncian como defensoras del consumidor final deberían pasar el examen riguroso del análisis económico de las políticas públicas, económicas y regulatorias. Tales alcabalas cambiarias terminan subsidiando el consumo externo de nuestros productos de exportación en la medida que el acceso a divisas se hace posible por medio de la imputación de costos para salir del mercado sobre los consumidores domésticos.

En Venezuela debe ser creado un espacio o think tank de seguimiento de las políticas públicas y regulatorias, no en favor del poder –actual o futuro- sino del ciudadano desamparado ante la debilidad institucional de países como el nuestro.

* Economista UCV. Profesor invitado Universidad de Buenos Aires, UBA.