Nueva Ley obliga a banca nicaragüense a desconocer a la OFAC y la pone en peligro de aislamiento

La Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, reformada esta semana por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional, pone a la banca que opera en Nicaragua en una encrucijada, opinaron diversos economistas.

La enmienda prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, lo que ha sido interpretado por los mismos legisladores como una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios del Gobierno por corrupción o violación de los derechos humanos.

«Los banqueros y el gran capital se encuentran perplejos ante un dilema en el se juegan su futuro: les costará caro la condescendencia al aceptar la nueva ley, pero también les pasará factura rechazarla», apuntó el economista y sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas, en un escrito en el que analiza los alcances de esa ley.

Es decir, si la banca acoge esa normativa, tendría que desconocer las resoluciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que bloquea a los sancionados las propiedades o activos que tengan en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y le prohíben cualquier transacción con ciudadanos de ese país.

La banca que opera en Nicaragua, que trabaja con bancos corresponsales en el exterior, ha cerrado las cuentas de aquellas personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro.

Las sanciones internacionales han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios, allegados y familiares del presidente Daniel Ortega, entre estos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tres de sus hijos, además de su consuegro y director de la Policía, Francisco Díaz, y el titular del Parlamento, Gustavo Porras.

Para Vargas, son sólidos los argumentos en favor de no acatar el «chantaje de Ortega, así como pasar página y someterse a la voluntad del dictador».

«Los intereses económicos y políticos de los banqueros aconsejan no acatar la ley. También le aconseja sus intereses regionales e internacionales», anotó el sociólogo y economista, para quien «estamos en presencia de una especie de forcejeo/disputa entre dos poderes fácticos importantes del país».

Para el economista Róger Arteaga, exdirector de Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), esa ley puede dejar consecuencias «dramáticas, en el sentido de que provocarían que los bancos se verían obligados a atender a personas que son un riesgo para la institución, e incurrían en un delito».

El delito, dijo, es la violación a la resolución de la OFAC en la se establece que quien dé servicio, preste ayuda, o tenga relaciones con sancionados, será también objeto de sanción.

Para el economista Luis Murillo, la sola aprobación de esa ley pone en peligro que Nicaragua pase de la lista gris a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según Murillo, ese cambio significaría el cierre de recursos externos, como préstamos y donaciones, inversión extranjera y remesas familiares, cuyas transacciones dependen de un banco corresponsal en el exterior, por lo que tampoco podrían funcionar las tarjetas de crédito y débito o las transferencias bancarias.

«Si (las autoridades) presionan para que se le abra una cuenta a un sancionado, ahí sí se acabó todo, cualquier relación internacional» con la banca nicaragüense, explicó el economista José Adán Aguerri, que fue presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Por su lado, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y sancionado por Estados Unidos, Wálmaro Gutiérrez, ha dicho que con esa ley los bancos no podrán seguir aplicando la extraterritorialidad unilateral.

«Es decir, decisiones que se toman en Estados Unidos no pueden acogerse como leyes de Nicaragua porque hasta hoy violaban la Constitución Política de Nicaragua al aplicarlas», puntualizó.

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha dicho que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.