Nueva ley podría abrir comercio privado de electricidad generada por fuentes alternativas

La Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, está afinando un primer borrador del proyecto de ley de «energías alternativas» que circula entre los empresarios.

El diputado Oscar Ronderos, segundo vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, dice que una versión más completa será presentada al Legislativo en enero y aprobada en el primer semestre de 2022.

«Esta ley liberará el petróleo para la exportación… y proporcionará un mecanismo para la autogeneración, y, en una segunda etapa, se podría permitir la posibilidad de la venta privada de electricidad», dijo Ronderos a Argus.

Según el proyecto de ley, el gobierno elaborará un plan nacional de energías alternativas en los 90 días siguientes a la aprobación de la ley. Mientras tanto, la Asamblea ha abierto un registro para que los interesados puedan participar en el proceso legislativo.

La empresa estatal venezolana Corpoelec tiene unos 18 Gigavatios (GW) de generación operativos, la mitad de su capacidad instalada, según Ronderos.

El parlamentario afirma que el país necesita 40 Gigavatios (GW) para hacer frente al futuro crecimiento económico. La represa  de Guri representa alrededor del 80 % de la generación, y el resto proviene de plantas térmicas que queman petróleo o gas natural. La transmisión de la producción del Guri desde el sur de Venezuela a los estados occidentales es una de las debilidades crónicas de la red. La sequía es otro problema recurrente. Los apagones generalizados son habituales.

– Intentos fallidos –

No es la primera vez que Venezuela apuesta por las energías renovables. Un par de parques eólicos en el occidente venezolano nunca llegaron a ponerse en marcha, un síntoma de los problemas económicos del país.

La inestabilidad del suministro eléctrico ya ha llevado a algunas empresas venezolanas, como Solsica, con sede en Caracas, a importar e instalar paneles solares para uso residencial y comercial. Pero, los grandes industrias manufactureras y otras empresas quieren ver proyectos comerciales con los que puedan firmar acuerdos de compra de energía, siguiendo los pasos de la mayoría del resto de países latinoamericanos -incluida la vecina Colombia-, donde las energías solar y eólica están cobrando impulso.

«Todavía estamos en una fase muy temprana, pero el salto podría producirse rápidamente», afirma el consultor de Gas Energy Latin America y profesor del IESA, Antero Alvarado.

Entre los muchos retos a los que se enfrenta Venezuela están las sanciones petroleras y financieras de Estados Unidos. La Asamblea Nacional, que está elaborando la nueva legislación, no es reconocida por la oposición política respaldada por Estados Unidos, que tiene su propia legislatura paralela que se reúne virtualmente.

El gobierno estadounidense no reconoce al presidente Nicolás Maduro, y se espera que mantenga su respaldo al líder de la oposición, Juan Guaidó, como autoridad legítima del país después que su mandato constitucional caduque a principios de enero.

Pero gran parte del sector privado ya ha pasado a la acción, y sus gremios representativos han hecho patente su disposición a trabajar con el gobierno de Maduro cuando sus intereses coincidan.