Una magistrada sancionada por Canadá fue nombrada este viernes presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que asumió esta función correspondiente al Parlamento tras declarar la «omisión» legislativa del único poder en manos en la oposición.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a «Indira Maira Alfonzo Izaguirre, rectora principal y presidenta del máximo ente comicial», indicó la corte en una nota de prensa.
Alfonzo, hasta ahora magistrada de la Sala Electoral del propio TSJ, fue sancionada por Canadá en mayo de 2018 junto a varios funcionarios venezolanos señalados de participar activamente en el deterioro de la situación de Venezuela, tras los cuestionados comicios en los que el presidente Nicolás Maduro resultó reelecto hasta 2025.
Acusado por la oposición de favorecer al gobierno con sus decisiones, el TSJ declaró el pasado 5 de junio la «omisión» del Parlamento de mayoría opositora en su atribución de elegir nuevas autoridades electorales, de cara a elecciones parlamentarias previstas para este año pero aún sin fecha.
Según la legislación venezolana, la selección de la directiva del CNE corresponde a la unicameral Asamblea Nacional, presidida por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Pero la máxima corte procedió a hacer las designaciones en medio de un conflicto entre Guaidó y otro diputado opositor, Luis Parra, sobre quién es el legítimo dirigente del Parlamento. Pues desde enero ambos lideran sesiones legislativas paralelas con diputados aliados.
Esa situación llevó a que un pequeño grupo de partidos a presentar un recurso que alegaba que el conflicto entre Guaidó y Parra hacía «imposible» un acuerdo para nombrar a las autoridades electorales.
Antes de lo ocurrido con Parra, parlamentarios de la oposición y el chavismo habían iniciado negociaciones por el CNE, sin mayores avances.
El TSJ, no obstante, considera nulas las decisiones del Parlamento tras declararlo en desacato poco después de que la oposición asumiera su control en 2016.
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