Obligan a marchar a trabajadores de Abastos Bicentenario
La gerencia de Abastos Bicentenario remitió la última semana de febrero una comunicación a cargos medios, en la que se dan las instrucciones a seguir en las marchas del gobierno de Nicolás Maduro y a las que los empleados dejaron de asistir desde mediados de 2018 por el descontento existente por los cambios introducidos en la red de distribución de productos de consumo masivo.
El cierre de establecimientos de la cadena, la venta de otros para convertirlos en Tiendas CLAP y despido de personal hizo mella en el ánimo del personal que acusaba ya el deterioro prolongado por las irregularidades derivadas desde que se ordenó la reestructuración de la Red de Abastos Bicentenario Sociedad Anónima (Rabsa) en febrero de 2016.
Maduro, declarado usurpador por la Asamblea Nacional, enfrenta un panorama complicado ante el cerco que le impone el gobierno de Estados Unidos para presionar su salida del poder.
Cada vez con menos poder de convocatoria para llenar los espacios que sirven para arengar a sus seguidores, el gobierno de Maduro apela nuevamente a la coerción para que los trabajadores de la administración pública o empresas estatales acudan al llamado oficial de defender la revolución, asistiendo a las concentraciones «como parte del trabajo», según la comunicación enviada electrónicamente por Misdarling Aponte, gerente del Gran Abasto Bicentenario de Terrazas del Ávila a los empleados con cargos de supervisión.
Jorge Luis Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos del Comercio (Sintruco), dijo a Banca y Negocios, que la misma información fue transmitida a los cuatro Grandes Abastos Bicentenario que quedan (Terrazas del Ávila, Plaza Venezuela, Charallave y Valencia)., de una extensa red que llegó a tener 44 locales entre grandes y pequeños en todo el país.
De acuerdo con el dirigente sindical la orden responde a que en la última marcha antes de las fecha de la comunicación (25 de febrero), fue notoria la ausencia del personal de las tiendas. Sin embargo, para la movilización del 27 de febrero (Caracazo), se les pidió permanecer en sus puestos de trabajo por la realización de un inventario.
«No ha habido oportunidad aún para medir el efecto de la orden», dice Lastra. Según las instrucciones, el empleado que no se sienta a gusto «puede hacer uso de su renuncia voluntaria», se lee en la comunicación que advierte a los jefes de departamento que serán amonestados si no hacen cumplir las normas.
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